Redacción El ObjetivoEste 10 de mayo se cumplen tres años del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en la Isla de Barú, zona turística de Cartagena. Aunque hay varios condenados por ejecutar el crimen, las investigaciones no han logrado identificar ni imputar a los responsables intelectuales. La falta de resultados por parte del Ministerio Público de Paraguay ha abierto el camino a múltiples hipótesis no esclarecidas.
En los primeros días tras el crimen, la Fiscalía allanó celdas en la Agrupación Especializada de Asunción, donde estaban recluidos varios detenidos previamente investigados por Pecci. Entre ellos figuraban Kassem Mohamad Hijazi —extraditado a Estados Unidos en 2022 y luego liberado— y el colombiano Marcelo Raymond Díaz Vélez, capturado con más de 400 kilos de cocaína.
Sin embargo, las sospechas se han centrado en dos figuras con mayor peso dentro del crimen organizado: Waldemar Pereira, alias Cachorrão, y Jaime Franco. Pereira fue procesado por el asesinato del periodista Lourenzo Veras, pero fue absuelto en medio de cuestionamientos por su liberación, pese a tener una alerta roja de Interpol. Luego, chats filtrados del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes evidenciaron presiones para beneficiarlo judicialmente, con la participación de la jueza Carmen Silva. Hoy, Cachorrão permanece prófugo.
Jaime Franco, cercano al narco Miguel Ángel Insfrán (Tío Rico), fue hallado en 2020 con un laboratorio de cocaína dentro de su celda en Tacumbú. Tras ese hallazgo, fue trasladado a la Agrupación Especializada. Según versiones no confirmadas, Franco habría ocultado teléfonos móviles poco antes de los allanamientos realizados tras el asesinato del fiscal.
El exdirector de la TV Pública, Cristian Turrini —condenado por narcotráfico— declaró que Franco podría estar implicado en el crimen. Actualmente, es el único de ese grupo que continúa recluido en la Agrupación Especializada, pese a los intentos por trasladarlo, ya que la sede no está diseñada como centro penitenciario.
Marset, Minotauro y otras líneas que no avanzaron
En febrero de este año, el presidente colombiano Gustavo Petro señaló al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como presunto autor intelectual del asesinato. La Fiscalía no ha confirmado esa línea. Marset mantenía vínculos con Tío Rico, cuyas avionetas fueron incautadas en 2020 en Paraguay. Posteriormente, Insfrán habría utilizado una aeronave propiedad del entonces diputado Erico Galeano para seguir operando. Ese caso derivó en la operación A Ultranza Py, uno de los mayores operativos contra el crimen organizado en Paraguay.
También ha sido mencionado Minotauro (Sergio de Arruda Quintiliano Neto), otro capo regional sobre quien Brasil solicitó información urgente al Ministerio Público paraguayo en 2019. Pecci habría estado vinculado a esas diligencias.
El expresidente Cartes, mencionado pero nunca indagado
Uno de los condenados por el crimen mencionó al expresidente Horacio Cartes, pero la Fiscalía nunca lo llamó a declarar. Su abogado, Pedro Ovelar, aseguró que no existía vínculo entre Pecci y Cartes, y que la mención respondía a una estrategia para desviar la atención de los verdaderos autores intelectuales.
El testigo que mencionó a Cartes, Francisco Correa, fue asesinado en una cárcel colombiana a principios de este año, pese a haber colaborado con la justicia.
La impunidad como mensaje
El sociólogo Carlos Peris advierte que la falta de resultados alimenta el poder del crimen organizado. “Más allá de las fronteras, los actores criminales operan sin temor a consecuencias”, sostiene. Según Peris, estructuras como las del narcotráfico y el tráfico de armas se mueven más rápido que las instituciones legales, y aprovechan la debilidad del sistema judicial.
“La Fiscalía opera muchas veces como instrumento político, y las causas contra narcopolíticos tienden a dilatarse”, concluye.
