En un país donde los anuncios oficiales rara vez se traducen en hechos concretos, el pago total de los subsidios de energía y gas por parte del Gobierno nacional es una señal poderosa. No solo cumple una deuda financiera con empresas prestadoras del servicio —como Air-e, Afinia y otras más de 150 operadoras en todo el país— sino que reafirma un principio fundamental: el acceso a la energía no es un privilegio, sino un derecho social.

El rezago presupuestal de 2024 y los pagos acumulados de los primeros meses de 2025 amenazaban con convertirse en una nueva crisis energética silenciosa. De haberse prolongado, los más afectados habrían sido, como siempre, los hogares más pobres: millones de familias en los estratos 1, 2 y 3 que dependen del subsidio estatal para tener acceso a un servicio básico. Hoy, gracias a este desembolso, esa amenaza se disipa.

Más de 2,5 billones de pesos fueron girados para cubrir estas obligaciones. El monto no es menor, pero su impacto social es aún mayor. En regiones como la Costa Caribe, donde persisten brechas históricas en la prestación del servicio eléctrico, el cumplimiento de estos pagos significa más que una operación contable: es una muestra de voluntad política por parte de un Gobierno que reconoce sus compromisos y actúa para saldarlos.

En lugar de optar por aplazamientos, ajustes contables o excusas institucionales, el Ejecutivo eligió el camino correcto: asumir la deuda y girarla de manera oportuna. Es una decisión que fortalece la relación entre el Estado y los ciudadanos más vulnerables. También devuelve algo de confianza a un sector que ha estado marcado por décadas de inestabilidad, desinversión y promesas incumplidas.

No se trata únicamente de garantizar que las empresas operadoras sigan funcionando, sino de blindar el acceso continuo a servicios esenciales para millones de personas. La energía y el gas domiciliario no son lujos: son condiciones mínimas para la dignidad, la salud, la educación, y el trabajo.

Por supuesto, este no es el final del camino. El sistema de subsidios, si bien necesario, debe seguir siendo revisado y fortalecido. Pero el cumplimiento fiscal y social mostrado por el Gobierno representa un punto de partida sólido. Un Estado que paga a tiempo, cumple su palabra y prioriza el bienestar de los más necesitados es un Estado que comienza a restaurar su legitimidad.

Hoy, ese Estado ha respondido como debía. Y eso merece ser reconocido.