La decisión, oficializada mediante resolución 385 del 9 de mayo, se da a menos de seis meses de que el senador del Centro Democrático fuera privado de su libertad por presuntos vínculos con una red de corrupción en el caso conocido como “Marionetas 2.0”.

Con la revocatoria, se elimina el impedimento legal que sustentaba su suspensión. La Sala Especial de Primera Instancia ordenó su liberación inmediata, lo que habilita su retorno al ejercicio legislativo pese a que el proceso penal en su contra continúa abierto.

Para la defensa de Ramírez, el levantamiento de la medida responde a un principio constitucional básico: la presunción de inocencia. “No está condenado ni legalmente inhabilitado. El restablecimiento de sus funciones no es un favor político, sino una garantía del Estado de Derecho”, argumentó su abogado, José Luis Moreno.

El regreso de Ramírez al Senado plantea preguntas sobre los límites de la representación política en contextos judicializados. Aunque la ley le permite volver sin condena, su reaparición en el escenario legislativo ocurre en medio de un caso de presunta corrupción que involucra a varios actores políticos y contratistas, y que ha reabierto el debate sobre el clientelismo en regiones como el Tolima y el Huila.

El caso Marionetas —y su segunda etapa— continúa como una muestra de las fisuras del sistema de contratación pública y la instrumentalización de las instituciones por redes políticas locales. Mientras tanto, Ramírez retoma su investidura, sin condena, pero tampoco exento de sospechas.