Carvajal, de 67 años, no llegará a completar el período reglamentario de ocho años debido a la edad de retiro forzoso, pero su paso por la Corte promete ser determinante en asuntos de alta carga política, como las reformas sociales impulsadas por el Gobierno, el control jurídico a una eventual consulta popular, o incluso decisiones relacionadas con el equilibrio de poderes.

Una elección sin sorpresas, pero con implicaciones duraderas

Aunque la elección no fue una sorpresa —Carvajal partía como favorito de una terna propuesta por Petro—, sí expuso una alineación transversal en el Senado que desafía la narrativa oficialista versus oposición. Votaron por él senadores del Pacto Histórico, del Partido Liberal, del Centro Democrático, de Cambio Radical y del Partido de la U. Este último incluso lo respaldó públicamente antes de que se fijara la fecha de la elección.

Detrás de esta mayoría, se percibe el peso de alianzas tácitas, guiños burocráticos y gratitudes personales. Carvajal fue el abogado que representó al contralor Carlos Hernán Rodríguez en la tutela que permitió su regreso al cargo tras un fallo que había anulado su elección. También es cercano al senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso, cuya influencia resultó clave en la sesión. Como él mismo dijo ante el Senado: “He sido apoderado de mucha gente de todos los partidos”.

En esa amplitud de vínculos reposa parte de la inquietud: ¿será Carvajal un magistrado independiente o un articulador entre el poder judicial y el entramado político al que ha servido?

Un perfil técnico-jurídico, pero no constitucional

Carvajal no es un jurista constitucionalista en el sentido estricto. Su trayectoria está marcada por el derecho administrativo, el litigio político y la asesoría jurídica a entidades estatales. Fue conjuez en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, pero su vínculo con el derecho constitucional ha sido marginal. Más gravitante ha sido su cercanía con actores políticos de todos los espectros: del presidente Petro a Álvaro Uribe, pasando por Dilian Francisca Toro.

Sus detractores en el proceso de elección —como la también candidata Karena Caselles— cuestionaron precisamente esto: su ausencia de una trayectoria en jurisprudencia constitucional y su perfil más político que judicial. En cambio, Caselles, magistrada auxiliar de la Corte, y Didíma Rico, exfuncionaria de la JEP, ofrecieron perfiles más técnicos, con un enfoque en derechos fundamentales. Ninguna tuvo opciones reales: Caselles obtuvo 26 votos; Rico apenas 2.

El precedente Vladimir Fernández

La llegada de Carvajal a la Corte sigue una línea ya trazada con la elección de Vladimir Fernández en octubre de 2023, también postulado por Petro y con pasado como su secretario jurídico. Fernández, desde su cargo, ha tenido un papel activo en decisiones de alto impacto para el Ejecutivo: la suspensión de una investigación del Consejo Nacional Electoral contra el presidente, el respaldo a medidas de orden público en Catatumbo y la oposición a fallos que comprometen a ministros del Gobierno.

Se consolida así un modelo de ternas marcadas por la lealtad política más que por la carrera constitucional. Un modelo que, si bien está dentro del marco legal, tensiona la separación de poderes y siembra dudas sobre la autonomía de la Corte frente a las ambiciones reformistas del Ejecutivo.

Lo que está en juego: reformas y control a la consulta popular

Aunque Carvajal estará impedido para pronunciarse sobre el proceso en el que defendió a Petro ante el CNE, sí podrá votar en otras decisiones clave para el Gobierno. En primer lugar, la reforma pensional, cuya constitucionalidad está en revisión y que podría representar uno de los principales legados legislativos del mandato. Luego vendrá la eventual reforma laboral, en caso de que supere su accidentado trámite en el Congreso.

Pero sobre todo, Carvajal podría influir en el control posterior de una nueva consulta popular, radicada por el Gobierno apenas un día antes de su elección. Esta vez, más allá de su rol técnico, será inevitable leer su voto como un mensaje político.

Una Corte cada vez más masculina y menos técnica

La llegada de Carvajal también tiene una dimensión de género: reduce a tres las magistradas mujeres en una Corte de nueve. Con la salida de Diana Fajardo en junio, esa representación se verá aún más mermada, salvo que su reemplazo provenga de la terna que prepara la Corte Suprema.

En un contexto regional donde los altos tribunales son cada vez más vigilados por su composición social, política y técnica, Colombia no es la excepción. La Corte Constitucional, nacida en los años 90 como contrapeso modernizador del presidencialismo, enfrenta ahora el riesgo de transformarse en una instancia de validación de intereses políticos.

La elección de Carvajal, con su historial más político que doctrinario, ilustra esa tendencia.