La iniciativa, presentada ante la presidencia de la Cámara, se ampara en el artículo 135 de la Constitución y enumera cuatro hechos que, según los denunciantes, dejan en entredicho el comportamiento de los altos funcionarios del Gobierno Petro.

El primero tiene que ver con la remoción del director de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), Ludwing Valero. Buitrago aseguró a El Tiempo que Benedetti y Rodríguez la llamaron directamente para pedir su salida inmediata. “Yo les dije que no me parecía, pues era una persona que trabajaba bien”, declaró la exministra, quien terminó presentando su renuncia.

El segundo punto apunta a supuestas injerencias en el sistema penitenciario, como movimientos irregulares de internos y relaciones con ciertos personajes al interior de las cárceles. El periodista Gustavo Gómez, de Caracol Radio, aseguró que detrás de esas presiones estarían figuras del propio Pacto Histórico, como la senadora Isabel Zuleta y el comisionado de paz, Otty Patiño.

El tercer hecho señalado es aún más delicado: presuntas presiones relacionadas con la exportación de cloruro de calcio dihidratado a Cuba, una sustancia que está bajo control estatal en Colombia.

Y el cuarto: la designación de un ministro encargado mientras Buitrago se encontraba en Washington, sin previa consulta, lo que la exfuncionaria considera un acto de desconocimiento institucional.

La moción de censura plantea que Benedetti y Rodríguez incurrieron en conductas que vulneran la transparencia, la imparcialidad y la separación de poderes. Ambos funcionarios niegan haber cometido irregularidades y ya anunciaron acciones legales contra Buitrago, quien dejará oficialmente su cargo el 1 de junio.

El presidente Gustavo Petro también salió a desmentir públicamente a la exministra. En un mensaje en X, el 17 de mayo, escribió: “Yo pedí la renuncia de la ministra, nadie más”. Pero Buitrago sostiene que renunció por presiones y que en la última semana ni siquiera habló con el presidente.

La tormenta no termina ahí. La oposición ahora exige explicaciones, mientras el Congreso decidirá si Benedetti y Rodríguez deben responder políticamente por su rol en este nuevo capítulo de tensiones internas en el Gobierno.