El órgano de control, que desde 2020 hace seguimiento preventivo al proyecto, solicitó esta información luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) negara la cesión del permiso ambiental existente, y exigiera en su lugar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental como requisito para continuar.

Además, la Procuraduría quiere saber si esta nueva exigencia activó el Procedimiento de Información del Evento Eximente de Responsabilidad, y si eso ha obligado a la ANI o al concesionario a asumir alguno de los riesgos contractuales contemplados. También requirió una copia actualizada del Plan de Trámites Ambientales, reflejando los cambios que implica la necesidad de una nueva licencia.

La entidad recordó que la ANI está obligada a publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) todos los documentos contractuales generados. Hasta el momento, según la Procuraduría, solo se ha hecho pública la firma del Otrosí No. 1 tras el acta de inicio.

Esta solicitud se produce días después de que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el presidente de la ANI, Óscar Torres, afirmaran que el proyecto no corría riesgo. Desde Cartagena, Rojas aseguró que el Gobierno ya había firmado un Otrosí al contrato original para evitar una eventual terminación anticipada, como había advertido la Contraloría.

La ministra también reconoció que se trata de un proyecto complejo, pero ratificó que se cumplirán los requerimientos ambientales y que se gestionarán las licencias necesarias. “Este proyecto tiene un valor estratégico para el desarrollo sostenible y la paz en el Caribe”, afirmó.