El motivo: un concepto legal promovido por el propio Carvajal en el que defiende su derecho a ejercer el cargo durante el periodo completo de ocho años, pese a estar próximo a cumplir la edad de retiro forzoso fijada por la ley.

Según la legislación colombiana, los funcionarios públicos deben retirarse obligatoriamente al cumplir 70 años. Carvajal, que actualmente tiene 66, alcanzaría ese límite en 2029, es decir, antes de concluir el mandato constitucional que ostentan los magistrados de la Corte.

No obstante, el jurista ha circulado entre senadores un documento en el que sostiene que la edad de retiro no aplicaría en su caso, o que podría interpretarse de modo que se le permita cumplir la totalidad del período. Esta tesis ha sido duramente cuestionada por expertos en derecho constitucional.

Uprimny: entre ignorancia o manipulación jurídica

Rodrigo Uprimny, reconocido constitucionalista y miembro de Dejusticia, criticó públicamente el documento, al que calificó como jurídicamente insostenible. “O no sabe nada de derecho, pues el concepto es absurdo, y alguien así no puede ser juez por carecer de los conocimientos y destrezas jurídicas más básicos; o, tal vez más grave, manipula el derecho para favorecer su interés particular y carece entonces de la más elemental virtud de la imparcialidad”, escribió en su columna de prensa.

Para Uprimny, más allá de la controversia técnica, lo que está en juego es la idoneidad ética y profesional de quien aspira a ocupar una de las posiciones más delicadas del aparato judicial. Desde la Corte Constitucional, los magistrados tienen la responsabilidad de interpretar la Carta Magna y decidir sobre temas de alto impacto institucional, como el equilibrio de poderes, la protección de derechos fundamentales y la legalidad de las reformas promovidas por el Ejecutivo.

Una candidatura con implicaciones políticas

La postulación de Carvajal ha estado desde el principio rodeada de cuestionamientos debido a su cercanía con el presidente Petro, de quien ha sido abogado personal. Esta cercanía ha generado inquietudes sobre la autonomía de la Corte y el riesgo de que se diluyan sus contrapesos frente al Ejecutivo. En este contexto, el intento de asegurar un periodo completo en la Corte mediante una interpretación controvertida de la ley ha agudizado las sospechas sobre las motivaciones de su candidatura.

La decisión final sobre su elección recae en el Senado, donde la propuesta ha comenzado a ser evaluada bajo la presión de un debate público que combina argumentos jurídicos con cálculos políticos.