Desde Shanghái, donde formalizó la postulación de Colombia al banco de los BRICS, el presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno presentará una nueva pregunta para la consulta popular que impulsa: que se permita al Estado “comprar y producir medicamentos esenciales y los de las principales enfermedades” y que baje su precio.

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La medida llega días después de que el Senado hundiera la convocatoria a consulta con una votación de 49 votos en contra y 47 a favor, y en paralelo al intento del gobierno por revivir la reforma laboral —cuya nueva versión fue radicada ante la Comisión Cuarta del Congreso. Petro calificó ese trámite como “una trampa” e insistió en que hubo un “fraude” en la votación anterior, aunque sus argumentos fueron desmentidos por verificadores independientes.

Pese al giro hacia la salud, las primeras críticas a la nueva pregunta no se hicieron esperar. “El gobierno tiene la potestad regulatoria para bajar los precios de los medicamentos. No han hecho nada”, respondió el exministro de Salud Alejandro Gaviria. La experta en salud Hannah Escobar añadió: “No necesita una consulta para eso”.

El tema no es nuevo para el mandatario. En marzo, en medio de filas para acceder a tratamientos y reportes de escasez, Petro arremetió contra los gestores farmacéuticos, a quienes acusó de acaparar medicinas y manipular precios. Basó sus afirmaciones en una auditoría de la Superintendencia de Salud que encontró, por ejemplo, más de 113.000 unidades de insulina almacenadas.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) respondió que se trataba de operaciones normales dentro del canal institucional, donde el 82% de los medicamentos está regulado por control directo de precios. Advirtieron, además, que esa narrativa estigmatiza al sector sin atacar el problema de fondo.

Expertos señalan que la escasez y los altos precios tienen múltiples causas estructurales: desde una insuficiencia crónica en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), pasando por la alta concentración de mercado, hasta la desconfianza entre los distintos actores del sistema.

Petro, sin embargo, busca reconfigurar el debate y trasladarlo a las urnas. Con la consulta popular como bandera, su gobierno parece querer convertir las reformas en una especie de plebiscito sobre el modelo económico y social, mientras sortea una oposición parlamentaria cada vez más articulada.