Durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios 2025, el presidente Gustavo Petro reiteró que su apuesta por la “paz total” no parte de una visión idealista, sino de una concepción estratégica que articula diálogo político con acción militar. En sus palabras, se trata de una “estrategia político-militar, no ingenua”.

La declaración ocurre en un momento clave: mientras el Ejército avanza en la recuperación del cañón del Micay, territorio clave para el narcotráfico en el suroccidente del país, grupos armados ilegales han respondido con una escalada violenta. Petro denunció atentados recientes, como la instalación de explosivos cerca de la represa de Salvajina, y atribuyó estas acciones a la presión que ejerce el Estado sobre estructuras ilegales.

El mandatario detalló que esta región concentra el 60 % de los cultivos de coca del departamento del Cauca, y que allí operaba una suerte de mercado internacional de la droga. En ese contexto, el gobierno busca separar a los grupos con voluntad de diálogo de aquellos que persisten en el crimen organizado.

Petro también salió al paso de las críticas que acusan a su administración de debilidad frente a las organizaciones criminales. Citó como ejemplo la reciente captura de 250 integrantes del Clan del Golfo y afirmó que quienes agreden a la fuerza pública no recibirán concesiones.

“No ingenua”: un giro discursivo clave

Las palabras de Gustavo Petro durante el Congreso Nacional de Municipios en 2025 no son un simple matiz. Al afirmar que la “paz total es una estrategia político-militar, no ingenua”, el presidente está marcando una inflexión frente a una de las principales críticas que ha recibido desde el inicio de su gobierno: que su política de diálogo con grupos armados criminales era blanda, idealista y contraproducente.

Petro se aleja del tono conciliador que dominó sus primeros meses de mandato y articula una narrativa más pragmática: negociar con quienes muestran voluntad real y combatir a quienes persisten en la violencia. Este cambio tiene una doble función: sostener la legitimidad de la política de paz ante el aumento de la violencia y proteger su imagen ante la opinión pública y los sectores institucionales.

Paz y guerra en paralelo: ¿nueva doctrina de seguridad?

El modelo que Petro propone, aunque no es nuevo en términos internacionales (se ha visto en contextos como Colombia bajo el Plan Nacional de Consolidación o incluso en negociaciones con grupos insurgentes como las FARC), sí marca una diferencia conceptual con su discurso inicial.

Lo novedoso es la insistencia en que la paz no es un fin pasivo, sino un proceso conflictivo que implica coerción, inteligencia y poder militar. Es decir, Petro reconoce que hay actores que no serán persuadidos por ofertas de paz y que deben ser enfrentados con todo el aparato del Estado.

Esto reconfigura el relato de la paz total como una doctrina dual, donde el Estado actúa como interlocutor político con unos y como enemigo militar con otros.

Con sus declaraciones, Petro intenta rediseñar el marco conceptual de la paz total, pasándola de una narrativa humanista a una táctica de control dual: paz con negociación y paz con ofensiva. No es solo un giro discursivo, sino un intento por blindar políticamente su proyecto en un momento en que la violencia repunta y el país entra en modo electoral.

El desafío es enorme: no solo debe mostrar resultados, sino lograr que la ciudadanía y la comunidad internacional perciban su estrategia como coherente y eficaz, no como una suma de improvisaciones.