abril 15, 2025

Pescadores de La Boquilla logran que se admita tutela contra ANI y Oinac por falta de consulta previa

Un grupo de pescadores del corregimiento de La Boquilla, en Cartagena, acaba de dar un paso importante en su lucha por ser escuchados. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado admitió una acción de tutela presentada por David Torres, representante de la Asociación de Pescadores Mita Raya, contra varias entidades responsables del proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

Según la comunidad, el proyecto —liderado por la Operadora Internacional del Aeropuerto de Cartagena (Oinac) bajo concesión de la ANI— impactará directamente la Ciénaga de La Virgen, un ecosistema vital del que dependen para subsistir. Sin embargo, aseguran que no fueron consultados ni tenidos en cuenta.

“La empresa dice que no estamos en el área de influencia, pero vivimos de pescar ahí todos los días”, dijo Torres, quien lidera un grupo de 50 pescadores que reclaman su derecho a ser parte de cualquier decisión que afecte su territorio.

Lo que reclama la tutela

El documento judicial argumenta que se están vulnerando varios derechos fundamentales, entre ellos el de consulta previa, participación, mínimo vital, diversidad étnica, debido proceso y autodeterminación.

Además de la ANI y Oinac, también fueron vinculadas al proceso entidades como el Ministerio del Interior, la Dirección de Consulta Previa, Cardique, Anla, la Alcaldía de Cartagena, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría para Asuntos Étnicos, la Presidencia y el Consejo Comunitario de La Boquilla. Todas estas entidades deberán pronunciarse en un plazo de 48 horas.

¿Qué busca la comunidad?

Los pescadores no están pidiendo detener el proyecto, sino que se les permita participar en su diseño, ejecución y evaluación, tal como lo exige la ley en casos que afectan a comunidades étnicas o tradicionales.

Torres también denunció que, durante una etapa previa del proyecto con otra empresa operadora, ya hubo afectaciones al manglar y al ecosistema sin consulta ni diálogo con los habitantes.

“No nos han querido escuchar. Solo queremos que un juez garantice que podamos estar en la mesa y que se respete nuestro territorio”, concluyó.

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Redacción El Objetivo

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