Las iniciativas, que van desde obras de infraestructura hasta regulaciones urbanas, fueron presentadas como parte de la hoja de ruta para modernizar la ciudad, aunque su ejecución real dependerá de capacidad operativa y vigilancia presupuestal.

Las aprobaciones se dieron en dos bloques: seis acuerdos durante las sesiones ordinarias que culminaron el 8 de mayo, y dos más en el periodo extraordinario previo.

Inversiones a largo plazo sin esperar a 2026

Uno de los proyectos más relevantes fue la autorización de vigencias futuras, que permite comprometer recursos más allá del actual periodo fiscal. Con esto, el gobierno local espera avanzar en obras como el Intercambiador La Carolina, el Gran Malecón del Mar, el alcantarillado en Bayunca y Pontezuela, y cinco nuevas instituciones educativas. Se trata de proyectos complejos, cuya ejecución —admiten desde la propia Alcaldía— tomará varios años.

Cuatro obras viales entran al radar de “utilidad pública”

El Concejo también aprobó la declaración de utilidad pública para cuatro intercambiadores viales: El Amparo, Ternera, La Carolina y Ceballos. Las obras, parte del Plan de Desarrollo 2024–2027, serán financiadas con deuda pública. Si bien son necesarias para aliviar la congestión urbana, se enfrentan a los mismos desafíos estructurales de obras similares: licenciamiento, adquisiciones prediales y retrasos en la ejecución.

Nuevas reglas para la publicidad exterior

Tras años de normas obsoletas, el Concejo actualizó la regulación de la publicidad exterior visual. La nueva norma prohíbe anuncios en espacios públicos, reservas ambientales y mobiliario urbano. El objetivo es frenar la saturación visual y recuperar algo de orden en una ciudad donde los avisos publicitarios han crecido sin mayor control.

Una apuesta por el cine… y por los trámites simples

También se creó el Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales en Espacio Público (PUFAC), un mecanismo para facilitar rodajes en la ciudad. A través de una plataforma digital, se podrán gestionar permisos para producciones grandes o comunitarias. La medida busca atraer inversión, generar empleo en el sector audiovisual y posicionar a Cartagena como escenario fílmico, aunque no está claro cuán preparada está la infraestructura local para ese salto.

Recursos adicionales, sin deuda nueva

Se aprobaron además dos ajustes presupuestales. Uno de $55.646 millones provenientes de saldos y excedentes de 2024, que se destinarán a vivienda, cultura, seguridad y deporte. El otro, por $89.000 millones, proviene de una reducción en el servicio de la deuda. Ambos se orientan a financiar proyectos sin endeudamiento adicional, una decisión prudente en el papel, pero que exigirá alta eficiencia en la ejecución.

Lo aprobado en sesiones extraordinarias

Antes del periodo ordinario, el Concejo dio luz verde a dos iniciativas más durante sesiones extraordinarias.

Legalización urbanística: una deuda con décadas de atraso

El 31 de marzo se oficializó la legalización del barrio Arroz Barato, una comunidad con más de 70 años de existencia en la informalidad. La medida abre la puerta a regularizar otros 13 asentamientos similares, muchos de ellos en zonas históricamente marginadas como Nelson Mandela. La legalización, sin embargo, solo es un primer paso: falta traducirla en servicios públicos, seguridad y espacio urbano habitable.

Una bolsa de $419 mil millones para gasto social

Finalmente, se incorporaron $419.137 millones al presupuesto de 2025, gracias a un superávit de 2024. Los fondos se repartirán entre infraestructura, seguridad, salud, educación, ambiente y modernización institucional. Las asignaciones más significativas incluyen alumbrado público, gestión de residuos, fortalecimiento de Transcaribe, protección costera y programas deportivos.

La batería de proyectos aprobados configura el esqueleto de lo que Turbay promete como una “superciudad”. Pero el éxito dependerá no tanto del número de acuerdos como sí de la capacidad del Distrito para convertirlos en realidad.

Proyectos aprobados por el Concejo de Cartagena en 2025