La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó su detención el pasado miércoles 7 de mayo. Ambos legisladores fueron capturados en cumplimiento de esta orden judicial, que los señala por haber participado, presuntamente, en maniobras ilícitas dentro de la entidad encargada de atender emergencias en el país.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, Name y Calle serán recluidos en el pabellón ERE-Sur de La Picota, un sector destinado a funcionarios públicos investigados o condenados por delitos relacionados con corrupción. Desde allí enfrentarán las audiencias y diligencias del proceso en su contra.

La Fiscalía sustenta su caso en los testimonios de exdirectivos de la Ungrd, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes han señalado que Name habría recibido 3.000 millones de pesos en Bogotá, mientras que Calle habría recibido 1.000 millones en Montería. El propósito de estos pagos habría sido asegurar el respaldo de ambos congresistas a las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según la Corte Suprema, los delitos imputados a los legisladores son cohecho impropio y peculado por apropiación en favor de terceros. El alto tribunal sostiene que, en calidad de presidentes del Senado y la Cámara, habrían aceptado sobornos entregados por Sneyder Pinilla —exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd— a cambio de apoyar proyectos legislativos del Ejecutivo.

Además, la Corte señala que parte del dinero entregado a los congresistas podría haber sido utilizado para financiar campañas políticas de las elecciones locales y regionales celebradas en 2023.