La manifestación —la más reciente en una serie de protestas semanales— surgió como respuesta a una propuesta legislativa que permitiría al gobierno monitorear, sancionar e incluso prohibir organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que considere una amenaza para la “soberanía nacional”. El texto ha sido comparado con la polémica ley de “agentes extranjeros” de Rusia y se espera que sea aprobado sin dificultades gracias a la mayoría de dos tercios que mantiene Fidesz, el partido de Orbán, en el Parlamento.

La legislación propuesta ampliaría considerablemente las facultades de la recientemente creada Oficina de Protección de la Soberanía, un ente que ya ha sido criticado por identificar y perseguir a medios independientes y ONG que trabajan en temas de derechos humanos y anticorrupción. Según el borrador del proyecto, cualquier organización que reciba fondos del extranjero podría ser sometida a auditorías intrusivas, multas desproporcionadas y, en última instancia, prohibiciones para operar.

El propio Orbán ha acusado en reiteradas ocasiones a Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania de financiar una “red de influencia extranjera” destinada a debilitar a su gobierno. Estas afirmaciones han sido desmentidas por las organizaciones señaladas, que insisten en que su labor responde al interés público y se realiza con independencia editorial y financiera.

Críticos del gobierno señalan que esta ofensiva legislativa no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia sostenida para reducir el margen de maniobra de la sociedad civil. Desde 2023, cuando se creó la Oficina de Protección de la Soberanía, se ha intensificado la presión sobre los actores críticos con el oficialismo, en un clima donde ya se han aprobado leyes que restringen los derechos de las mujeres, las minorías y la población LGBTQ+.

En marzo, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe las celebraciones del Orgullo y autoriza el uso de reconocimiento facial para identificar a los asistentes, una medida que provocó una ola de indignación entre organizaciones de derechos humanos.

A un año de las próximas elecciones, Orbán enfrenta uno de los momentos más desafiantes de sus casi 15 años en el poder. Los analistas sugieren que su endurecimiento retórico y legislativo busca movilizar a su base conservadora, en un contexto marcado por el deterioro económico, crecientes tensiones con Bruselas y una sociedad civil cada vez más activa.