El Gobierno de Javier Milei anunció este miércoles una reforma profunda de la legislación migratoria argentina que endurecerá los requisitos para residir, acceder a la nacionalidad y utilizar servicios públicos en el país. En un comunicado oficial, la Casa Rosada justificó la decisión argumentando que las políticas aplicadas en las últimas décadas han “desvirtuado” el sistema y generado una carga económica injusta para los contribuyentes.

“Argentina ha sido siempre un país abierto al mundo, pero también es un país que debe respetar la ley”, señala el pronunciamiento presidencial, en el que se estima que más de 1,7 millones de personas han vivido en situación migratoria irregular en el país en los últimos 20 años.

El anuncio llega en un momento en que otros gobiernos, como los de Reino Unido y Alemania, también han comenzado a revertir políticas migratorias consideradas laxas, con la premisa de recuperar el control fronterizo y reducir el número de migrantes indocumentados. En el caso argentino, el Ejecutivo apunta a eliminar lo que denomina “tours sanitarios” y limitar el acceso gratuito a la educación y salud para personas extranjeras sin estatus legal. Según cifras oficiales, la atención médica a pacientes extranjeros representó un gasto de 114 mil millones de pesos (unos 900 millones de euros) en 2024.

La reforma contempla nuevos filtros para el ingreso al país, incluyendo la exigencia de antecedentes penales limpios y la contratación de un seguro médico. También se restringirá el acceso a la ciudadanía, que dejará de ser, en palabras del Gobierno, un “trámite automático”.

La narrativa oficial enmarca la medida como parte del mandato recibido en las urnas por Milei para emprender una “reconstrucción nacional”. “La ciudadanía eligió un cambio. El dinero de los contribuyentes no puede seguir financiando servicios para quienes no contribuyen al país o incluso lo perjudican”, señala el comunicado, que concluye con una consigna de corte legalista: “En este país, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

Críticos de la medida han comenzado a alertar sobre el riesgo de estigmatización y xenofobia, así como sobre el impacto potencial en comunidades migrantes históricamente integradas en el tejido económico y social argentino. Organizaciones de derechos humanos han pedido claridad sobre la implementación práctica de las nuevas disposiciones y garantías para evitar violaciones al derecho internacional humanitario.