El próximo 1 de junio, México protagonizará un hecho inédito: sus ciudadanos elegirán directamente a jueces y magistrados, desde tribunales locales hasta la Suprema Corte. Pero la ambición democratizadora de esta medida ha quedado atrapada en una dinámica contradictoria: una tómbola para definir candidatos, campañas sin recursos ni estructura, y una creciente politización del Poder Judicial.

Entre los perfiles destacan figuras insólitas: Delia Quiroa, activista convertida en candidata tras buscar por años a su hermano desaparecido; Silvia Delgado García, exabogada de “El Chapo”; Arístides Rodrigo Guerrero, el profesor viralizado como “ministro chicharrón”; y Mauricio Tapia, abogado de la Suprema Corte que reparte volantes en el Zócalo.

En el fondo, este experimento judicial plantea una pregunta de fondo para el sistema democrático mexicano: ¿es posible garantizar la independencia judicial cuando los jueces deben hacer campaña como políticos, buscando el favor popular bajo reglas difusas y filtros afines al oficialismo?

¿Una reforma democratizadora o una vía de control?

Morena ha presentado la elección judicial como un paso hacia la deselitización del sistema judicial. Pero la manera en que se implementó —desde los filtros iniciales dominados por aliados del gobierno hasta la escasa transparencia en la promoción de los candidatos— ha despertado críticas internas e internacionales. Estados Unidos, Canadá y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de socavar la independencia judicial en nombre de una participación popular que aún no se traduce en información ni garantías para el votante.

Los perfiles seleccionados reflejan esta ambivalencia. Quiroa, una voz nacida de la tragedia, personifica el acceso de víctimas al poder institucional, pero también subraya los vacíos del sistema que la empujaron a estudiar Derecho para suplir lo que el Estado no hizo. Su candidatura es un gesto de esperanza y también una denuncia.

Por otro lado, la figura de Silvia Delgado —marcada por su pasado como defensora de Guzmán Loera— revela los estigmas y simplificaciones con que se maneja el debate público: ejercer la defensa legal de un acusado, incluso uno notorio, ¿descalifica éticamente a alguien para impartir justicia?

En el extremo más performático, Arístides Guerrero convierte la campaña en contenido viral. Su eslogan “más preparado que un chicharrón” lo catapultó al ojo público, pero también provocó reproches sobre la banalización del proceso. ¿Es este populismo judicial o pedagogía disruptiva? La línea se difumina.

Tapia Maltos, por su parte, encarna un modelo sobrio y académico. Su minimalismo contrasta con las campañas coloridas de otros y transmite un mensaje austero y directo. Sin embargo, su presencia en el Zócalo, entre comerciantes y turistas, también sugiere la fragilidad de un sistema que obliga a los técnicos del Derecho a actuar como improvisados activistas callejeros.

Un electorado desinformado ante un voto crucial

Pese a la magnitud del proceso, la ciudadanía llega a las urnas con poca o nula información sobre quiénes son los aspirantes ni qué funciones específicas ejercerán. En un país donde incluso las elecciones ejecutivas enfrentan retos estructurales de desinformación, este tipo de votación masiva y técnica corre el riesgo de reducirse a un ejercicio simbólico de legitimación más que a una elección consciente.

Mientras tanto, los poderes fácticos —desde Morena hasta ciertos grupos religiosos o redes de abogados ligados al poder— han buscado colocar sus fichas en el tablero. Y aunque los perfiles más visibles reflejan diversidad, muchos expertos temen que tras bambalinas se consolide un reacomodo institucional a favor del oficialismo, debilitando los contrapesos democráticos en nombre de una justicia popular.

Conclusión

La elección de jueces en México no es solo un cambio de método. Es un parteaguas en la historia del Poder Judicial y, potencialmente, en el equilibrio de poderes del país. Pero la manera en que se está desarrollando —con más improvisación que pedagogía, más espectáculo que deliberación— revela los límites de una reforma que, si no se acompaña de garantías institucionales y cultura cívica, puede desembocar en una politización que erosione la independencia judicial en lugar de fortalecerla.