La decisión pone fin a un proceso que se extendió por casi 14 años, durante los cuales Restrepo permaneció fuera del país, en condición de prófugo desde 2011, tras emitirse una orden de captura en su contra. En su momento, la Fiscalía lo acusó de peculado por apropiación y fraude procesal, señalando que la desmovilización habría involucrado a personas sin pertenencia real a las FARC —incluidos habitantes de calle y consumidores de droga— presentados como combatientes.
Sin embargo, en la audiencia del pasado 16 de mayo, la jueza determinó que no se hallaron pruebas de que Restrepo ni los entonces coroneles Joaquín Ariza Girón y Hugo Hernán Castellanos —también absueltos— hubieran cometido irregularidades en el proceso. La magistrada sostuvo que la desmovilización se dio “en el marco de la ley y de sus competencias”, y que no existían elementos para probar apropiación indebida de recursos públicos ni participación directa en el manejo de fondos asociados al programa de beneficios para desmovilizados.
El fallo quedó en firme tras no ser apelado por ninguna de las partes, incluida la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado la absolución.
Una señal ambigua para la justicia transicional
La resolución judicial plantea interrogantes sobre los límites de la rendición de cuentas en procesos de paz. Restrepo, como figura clave en la negociación con los paramilitares durante el gobierno Uribe, representa una de las caras más visibles del modelo de desmovilización implementado entre 2003 y 2006. El caso Cacica La Gaitana había sido emblemático para sectores que denunciaban una supuesta política de simulación de resultados por parte del Estado en su intento de mostrar avances en el fin del conflicto armado.
Aunque jurídicamente cerrado, el proceso deja un sabor agridulce para quienes reclamaban una depuración institucional más profunda. En la práctica, la sentencia reconoce la actuación legal del comisionado y de los oficiales militares, pero no logra disipar del todo las dudas sobre la transparencia de ciertos episodios del proceso de paz con los grupos armados.
El regreso a escena de Restrepo, al menos desde la perspectiva judicial, se inscribe en un contexto donde muchas de las figuras clave del uribismo enfrentan causas judiciales, lo que convierte su absolución en un elemento de capital simbólico para ese sector político.