Con Angélica Lozano (Alianza Verde) como presidenta de esa comisión y un nuevo grupo de ocho ponentes, el Gobierno busca una segunda oportunidad para avanzar una de sus reformas insignia.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, no dejó duda de la prioridad que el Ejecutivo le dará al proceso. Desde sus redes sociales anunció un “seguimiento día a día” del trámite. “Día 1 de 37”, escribió, como si se tratara de una cuenta regresiva. Su mensaje no es solo simbólico: revela la presión con la que el Gobierno planea enfrentar la nueva etapa del debate. La movida hacia la Cuarta no fue solo logística, sino también política: allí hay menos presencia del sindicalismo tradicional, pero también más técnicos y senadores con perfil económico.

En El Objetivo te mostramos quienes son los ocho senadores ponentes, un grupo con trayectorias diversas, bancadas divididas y posiciones que reflejan el mismo pulso político que ha marcado las reformas del gobierno: una mezcla de apoyos firmes, adversarios previsibles y un puñado de votos en disputa.

¿Quiénes son y qué representan?

1. Aída Avella (Pacto Histórico)
   La senadora de la UP será una de las principales defensoras del texto original. Con un perfil sindicalista y de izquierda histórica, Avella respaldará sin reservas la iniciativa del Ejecutivo. Su papel será insistir en el enfoque de derechos laborales y mantener el contenido más cercano al que promovió la ministra Gloria Inés Ramírez.
2. John Jairo Roldán (Partido Liberal)
   Roldán ha sido una figura moderada. El Liberalismo está dividido frente a la reforma laboral: algunos sectores temen su impacto sobre el empleo formal. Roldán podría asumir una posición intermedia, buscando ajustes antes que un respaldo total.
3. Carlos Meisel (Centro Democrático)
   Uno de los votos duros en contra. Meisel representa el ala más crítica del uribismo frente al modelo económico del gobierno Petro. Su postura será la de desmontar el proyecto punto por punto, con énfasis en sus posibles efectos negativos para el empresariado y la creación de empleo. No hay señales de apertura al diálogo.
4. Juan Samy Merheg (Partido Conservador)
   Merheg viene de un partido tradicionalmente ambiguo en esta legislatura. El Conservatismo ha jugado al centrismo, pero en materia laboral suele alinearse con el empresariado. Su rol será clave si decide apoyar modificaciones o si se suma al bloque opositor.
5. Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical)
   Un opositor claro. Cambio Radical ha rechazado el proyecto desde su primera versión, argumentando que generará rigideces en el mercado laboral.
6. Richard Fuelantala (AICO)
   Su voto es incierto. Aunque representa una colectividad minoritaria, Fuelantala podría inclinarse hacia el Gobierno si encuentra en la reforma beneficios para el trabajo informal y las regiones. Ha tenido posturas independientes, por lo que será clave en la negociación.
7. Angélica Lozano (Alianza Verde)
   Preside la comisión y es aliada crítica del Gobierno. Lozano no siempre coincide con el Pacto Histórico, pero podría jugar a favor del trámite si se introducen ajustes al texto. Su rol será doble: moderar el debate y definir el ritmo político de la discusión.
8. Juan Felipe Lemos (Partido de La U)
   El partido de La U se ha movido entre la independencia y el pragmatismo. Lemos es cercano a las tesis más técnicas, y ha sido crítico del enfoque original de la reforma. Su voto dependerá del tono del texto final y del ambiente político en el Congreso.

¿Qué se puede anticipar?

• El Gobierno tiene dos votos seguros: Avella y probablemente Lozano.
• Hay tres votos en contra claros: Meisel, Jiménez y posiblemente Merheg.
• Los demás (Roldán, Fuelantala y Lemos) están en juego.

La Comisión Cuarta no es terreno fértil para un texto radical. Si el Gobierno quiere sacar adelante la reforma, tendrá que moderar el contenido y negociar artículo por artículo. El margen es estrecho y el tiempo también.

Lo que ocurra en esta comisión será decisivo. No solo porque define si la reforma avanza, sino porque mostrará si el Ejecutivo aprendió de sus derrotas anteriores o si persiste en una estrategia de confrontación que, hasta ahora, le ha costado más de lo que ha ganado.

La audiencia pública convocada para este viernes será la primera prueba de fuego. Más allá de los argumentos técnicos, lo que está en juego es la legitimidad del proceso, especialmente después de las denuncias sobre irregularidades en la votación que archivó la consulta popular. El traslado de comisión, el mensaje de urgencia y el tono confrontacional de Benedetti muestran que el Gobierno no quiere perder más tiempo.

Sin embargo, acelerar no es lo mismo que convencer. Y aunque la estrategia ahora parece orientada al trámite exprés, la reforma laboral sigue enfrentando un Congreso fragmentado, donde la mayoría se construye voto a voto, audiencia tras audiencia.

El nuevo escenario le da aire al Gobierno, pero también eleva las expectativas. Si esta vez la reforma vuelve a hundirse, el costo político será mayor.