Al cumplir sus primeros 100 días al frente de la Cancillería, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, presidió este 8 de mayo un encuentro en Bogotá con más de cien colombianos que regresaron al país luego de ser deportados desde Estados Unidos.

Durante el evento, que incluyó un almuerzo con los connacionales, se escucharon sus historias personales y se presentó un balance de los esfuerzos del Gobierno Nacional para facilitar el regreso de ciudadanos afectados por el endurecimiento de las medidas migratorias en territorio estadounidense.

Sarabia señaló que el Ejecutivo ha seguido fielmente las directrices del presidente Gustavo Petro, destacando que, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, se han coordinado 22 vuelos humanitarios que han permitido el retorno de más de 2.200 personas. En promedio, explicó, estas operaciones se realizan dos veces por semana.

“Hemos hecho malabares en materia de recursos, pero no vamos a detener los vuelos. Es un mandato del presidente y lo vamos a cumplir”, dijo la ministra durante su intervención.

Regreso marcado por la precariedad

En la jornada, varios de los colombianos repatriados compartieron los motivos que los llevaron a migrar. La mayoría coincidió en que la falta de empleo y estabilidad en el país fue el principal detonante para arriesgarse en un viaje hacia Estados Unidos. Algunos relataron los peligros vividos en el camino y la frustración de haber sido devueltos tras buscar mejores condiciones de vida.

Sarabia reconoció que estos vuelos implican una carga considerable en términos logísticos y financieros, pero aseguró que se mantendrán como parte de un compromiso institucional y solidario.

“El esfuerzo ha valido la pena. Hemos sostenido diálogos complejos con el Gobierno estadounidense y trabajado junto a múltiples entidades que han aportado lo suyo”, concluyó.

A la reunión asistieron también representantes de organizaciones internacionales como ACNUR y la OIM, así como funcionarios del Ministerio de Trabajo, Salud, Prosperidad Social, el SENA, la Alcaldía de Bogotá y la Defensoría del Pueblo.