La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, radicó una tutela contra la Mesa Directiva del Senado, argumentando que se vulneraron sus derechos fundamentales como congresista. En el fondo, el reclamo pone en cuestión la legitimidad del procedimiento legislativo y revela la fragilidad de las mayorías que rodean las reformas del Gobierno.

Peralta no alcanzó a votar. El registro estuvo abierto menos de tres minutos y cerró con 49 votos contra 47. Esa diferencia fue suficiente para archivar la propuesta de someter a consulta popular la reforma laboral. Según la tutela, ese cierre fue arbitrario, sin los avisos previos ni el tiempo suficiente para garantizar la participación de todos los senadores. Peralta lo calificó directamente como un “fraude”.

El argumento jurídico apunta a que el reglamento del Congreso permite mantener abierta la votación hasta por 30 minutos, aunque no establece un tiempo mínimo. Eso da margen de maniobra a quien dirige la sesión, pero también abre la puerta a disputas como esta. Y aunque el precedente de votaciones exprés también existe en manos del propio Pacto Histórico, el reclamo de ahora busca algo más: reabrir una puerta que ya se había cerrado políticamente.

La tutela no solo pretende anular el resultado de la votación, sino también mantener viva la narrativa del Gobierno de que sus reformas no se caen por falta de argumentos, sino por jugadas irregulares. En ese sentido, el caso de Peralta es una ficha dentro de una estrategia mayor: trasladar el conflicto del terreno legislativo al judicial, donde el Ejecutivo ha tenido más margen.

Pero esto también refleja una tensión institucional de fondo. Que una senadora de Gobierno demande al Senado revela hasta qué punto se ha fracturado el diálogo dentro del Congreso. Y que todo dependa de unos segundos de diferencia o de una ausencia puntual demuestra lo precario del respaldo político a las reformas.

La Corte deberá decidir ahora si hubo una vulneración real o si se trata de una estrategia para dilatar los efectos de una votación legítima. Pero más allá del resultado, la tutela muestra que el pulso por la reforma laboral —y por el capital político de Petro— se sigue librando en todos los frentes posibles.