Ambos son acusados de obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, en una jugada que parece sacada de un manual de retaliación política. Y para rematar el absurdo: la Fiscalía pidió a Interpol emitir una alerta roja para buscarlos en cualquier país del mundo. El fiscal Rafael Curruchiche, vetado por Estados Unidos por “acciones antidemocráticas”, insiste en hablar de justicia cuando lo que opera es una maquinaria de persecución.

Velásquez y Camargo no son improvisados. Durante su paso por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desmantelaron redes que parecían intocables. ¿El precio? Convertirse en enemigos del poder. Los nombres detrás de la actual cacería judicial son los mismos que se vieron acorralados por las investigaciones de la CICIG en su momento: exfuncionarios, empresarios, militares.

Es claro: el régimen guatemalteco quiere reescribir la historia y castigar a quienes alguna vez hicieron posible lo impensable: que un presidente —Otto Pérez Molina— y una vicepresidenta —Roxana Baldetti— fueran condenados por corrupción.

Pero Guatemala no está sola en este retroceso. Este tipo de ofensivas judiciales disfrazadas de legalidad son parte de una tendencia regional: lawfare al revés. En lugar de usar la ley para defender al Estado, se usa para defender al statu quo.

Lo que hoy pretende Guatemala es más que un exceso. Es una señal de alarma para Colombia, para América Latina, para la comunidad internacional. Velásquez y Camargo no deben enfrentar la cárcel, sino recibir el respaldo firme de quienes aún creen que la justicia no es un instrumento de venganza, sino un servicio público.