En una decisión sin precedentes desde la redemocratización de Brasil, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) aceptó este martes las denuncias penales contra nueve militares de alto rango y un policía, acusados de planear el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su vicepresidente electo y un magistrado del Supremo.

¿Qué implica la aceptación de la denuncia?

La Corte no emitió aún una condena, pero al aceptar la denuncia presentada por la Fiscalía General, los acusados se convierten oficialmente en imputados. A partir de ahora, el STF podrá recibir pruebas, interrogar a los acusados y eventualmente dictar sentencia, sin que se puedan escudar en fueros o privilegios castrenses.

Entre los imputados figuran dos generales, tres coroneles y varios tenientes coroneles, la mayoría pertenecientes a la élite militar conocida como los “Kids Pretos”, entrenados para operaciones especiales. El plan incluía el asesinato de Lula y otras figuras clave para justificar una intervención militar en el marco de un supuesto “estado de sitio” impulsado por Bolsonaro.

Bolsonaro bajo el foco

Aunque la denuncia aún no alcanza formalmente a Bolsonaro en este episodio específico, la Policía Federal ha afirmado que tenía “pleno conocimiento” del plan de asesinato, lo que podría derivar en una nueva imputación directa contra el exmandatario. En paralelo, ya enfrenta otros procesos penales por falsificación de certificados de vacunación, desinformación y abuso de poder.

Las declaraciones del general Marco Antonio Freire Gomes —excomandante del Ejército— revelan que Bolsonaro convocó a la cúpula militar en diciembre de 2022 para explorar formas de impedir la investidura de Lula, incluso a través de un estado de sitio inconstitucional. Si se comprueba que participó activamente en el plan magnicida, Bolsonaro podría enfrentarse a una pena de prisión de décadas, con graves consecuencias políticas para su movimiento.

El 15 de diciembre, la fecha clave

La fecha elegida para el magnicidio —el 15 de diciembre de 2022— no es casual. Dos semanas antes de la toma de posesión de Lula, esa jornada estaba planeada como el punto de ruptura para justificar una intervención de emergencia. El asesinato de Lula, Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes habría desatado el caos suficiente para justificar un golpe militar “salvador”. El modelo recuerda a otros intentos similares en América Latina, con resultados trágicos.

El contexto: el asalto del 8 de enero y la amenaza persistente

La violencia no se consumó en diciembre, pero sí se desató días después de la investidura. El 8 de enero de 2023, miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia, replicando el asalto al Capitolio en EE.UU. en 2021. Aquello fue el epílogo de una campaña planificada para desconocer los resultados electorales y provocar la intervención de las Fuerzas Armadas.

Este nuevo capítulo judicial conecta directamente aquellos eventos con una estructura de mando y decisión organizada, con nombres, fechas, métodos y órdenes concretas. La investigación desmonta la narrativa de “excesos espontáneos” para revelar una trama deliberada de sabotaje democrático, cuya magnitud empieza apenas a dimensionarse.