El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (TPI), Karim Khan, se ha retirado temporalmente de sus funciones mientras avanza una investigación interna de la ONU por presunta conducta sexual inapropiada. La decisión, inédita en la historia del tribunal, deja a la institución en una situación de incertidumbre jurídica y política, sin un mecanismo claro para el reemplazo de su máxima autoridad.

La medida, comunicada por su propia oficina, responde a la investigación en curso por parte de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas. Según fuentes citadas por Reuters, Khan fue entrevistado la semana pasada en lo que se presume fue la fase final del proceso iniciado en diciembre de 2024, tras denuncias recibidas por el órgano rector del tribunal. El fiscal ha negado los señalamientos, y sus abogados no han emitido comentarios.

La licencia de Khan se produce en un momento particularmente delicado para el TPI, que enfrenta presiones externas y una crisis de legitimidad. A petición del propio Khan, la corte ha emitido órdenes de arresto contra líderes políticos de potencias no signatarias del Estatuto de Roma: Vladímir Putin, por la deportación forzada de menores desde Ucrania, y Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Ambas decisiones han generado una fuerte reacción diplomática: Rusia y Estados Unidos han desestimado la autoridad de la corte, mientras que Washington ha reactivado sanciones contra la institución, una medida originalmente impuesta durante el gobierno de Donald Trump.

Aunque la fiscalía cuenta con dos fiscales adjuntos que asumirán provisionalmente las funciones de Khan, la ausencia del fiscal jefe pone en entredicho la continuidad de investigaciones de alto perfil, y deja al tribunal vulnerable a cuestionamientos sobre su independencia, integridad interna y capacidad operativa.

La institucionalidad bajo tensión

Sede permanente de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos.

La Corte Penal Internacional ya se encontraba bajo fuego por parte de potencias que no reconocen su jurisdicción. La investigación contra Israel, en particular, ha exacerbado las tensiones con Estados Unidos, aliado clave del gobierno de Netanyahu. Las sanciones impuestas contra Khan han sido interpretadas por sectores de la comunidad internacional como una amenaza directa a la independencia judicial global.

La vacancia temporal de Khan ocurre sin precedentes ni normas claras de reemplazo, lo que acentúa el vacío institucional. Más aún, se produce en un momento en que el multilateralismo —y los organismos que lo sustentan— enfrentan retrocesos impulsados por dinámicas geopolíticas fragmentadas.

En paralelo, durante su primera aparición como pontífice en una cumbre internacional, el papa León XIV hizo un llamado a recuperar el espíritu multilateral y recordó sus orígenes inmigrantes, en un gesto que pareció aludir tanto al desarraigo personal como a la erosión de las instituciones globales en medio de las crisis cruzadas.

Impacto: una corte más vulnerable y una justicia más politizada

La licencia temporal de Karim Khan llega en un momento en que la Corte Penal Internacional está ejerciendo un rol inusualmente activo en conflictos geopolíticos de alto voltaje. Su ausencia no solo debilita el liderazgo interno, sino que también mina la proyección externa de una institución que ya operaba bajo presión creciente.

En el frente diplomático, la decisión puede ser leída como una victoria simbólica para gobiernos como el de Israel y Rusia, que han rechazado categóricamente la jurisdicción del TPI y consideran sus acciones como instrumentos de sesgo político. La salida de Khan, aunque temporal, podría dilatar o debilitar la ejecución de las órdenes de arresto emitidas contra Netanyahu y Putin, y restar impulso a otras investigaciones en curso. La narrativa de “doble rasero” en la justicia internacional —recurrentemente esgrimida por estas potencias— gana tracción cuando el propio fiscal jefe está bajo escrutinio ético.

Desde una perspectiva institucional, la vacancia deja expuesta la fragilidad de los mecanismos internos de gobernanza del TPI. La falta de un procedimiento formal para reemplazar al fiscal en situaciones de crisis no solo complica la operatividad del tribunal, sino que amplifica la percepción de desorden. En el largo plazo, esto puede erosionar la confianza de los Estados parte, en especial de aquellos del Sur Global que han respaldado con reservas la legitimidad de la corte.

Para la causa del derecho internacional, lo que está en juego no es solo la reputación de un funcionario, sino la viabilidad misma de una arquitectura de justicia global que ha quedado atrapada entre el poder real y los ideales normativos. La salida de Khan —y lo que ocurra tras ella— será una prueba no solo para la CPI, sino para todo el sistema multilateral que la sostiene.