El intento de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por acceder a una rebaja sustancial de su condena a cambio de colaboración con la justicia fue frenado en seco por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

El acuerdo contemplaba una condena de seis años y dos meses de prisión y una multa de 724 millones de pesos, suma que —según la Fiscalía— ya habría sido devuelta por el exfuncionario. Sin embargo, el juez cuestionó con dureza la indulgencia del trato, en especial al considerar que López confesó haber liderado una red de corrupción que comprometió recursos públicos por más de 25.500 millones de pesos.

“La pena termina siendo irrisoria”, expresó el juez, quien subrayó además que las víctimas indirectas de este entramado fueron comunidades indígenas y poblaciones vulnerables, como lo ha señalado previamente la Corte Constitucional. “Resulta inadmisible que frente a hechos de esta gravedad se plantee una sanción tan limitada”, añadió.

Un mensaje institucional sobre los límites de la colaboración con la justicia

Más allá del caso individual de López, la decisión del tribunal representa una señal relevante para el sistema judicial colombiano: si bien los preacuerdos con la Fiscalía constituyen una herramienta legítima para destapar tramas de corrupción, su validez está condicionada a que las sanciones mantengan un efecto disuasorio y simbólicamente reparador frente al daño institucional causado.

La negativa del juez cobra mayor peso si se tiene en cuenta la posición jerárquica de López dentro del aparato estatal. Como director de la UNGRD, no solo manejaba un presupuesto multimillonario destinado a atender emergencias humanitarias, sino que, según sus propias declaraciones, estuvo al frente de una estructura corrupta con implicaciones políticas aún por esclarecer.

El fallo deja además un mensaje implícito a la Fiscalía: esta no apeló la decisión, lo que puede interpretarse como una aceptación de los reparos planteados por el tribunal. En contraste, la defensa de López sí interpuso recurso, lo que podría reabrir el debate en una instancia superior.

Corrupción, gobernabilidad y justicia

Este episodio ocurre en el contexto del mayor escándalo de corrupción del actual gobierno, con ramificaciones que han alcanzado el Congreso, altos funcionarios del Ejecutivo y contratos destinados a la compra de carrotanques para comunidades vulnerables en La Guajira.

La resolución del juez puede marcar un punto de inflexión en la narrativa judicial sobre el caso. Mientras la Fiscalía enfrenta presión por garantizar resultados en medio de un proceso altamente politizado, el poder judicial reafirma su papel como árbitro de última instancia en la rendición de cuentas.