La medida, aprobada gracias a la mayoría de dos tercios de su bloque parlamentario, pone en entredicho el respeto a los derechos fundamentales dentro de un país miembro de la Unión Europea.

Entre los cambios más inquietantes está la posibilidad del Ejecutivo de prorrogar el estado de emergencia sin control parlamentario, vigente desde la invasión rusa a Ucrania en 2022. Además, se faculta al Legislativo para suspender la ciudadanía húngara a quienes tengan doble nacionalidad, salvo que cuenten con pasaporte de otro país de la UE.

Pero el centro de la reforma es aún más alarmante: se establece una definición constitucional del “sexo biológico” que impide cualquier tipo de reconocimiento legal para las personas trans. Según el texto, esta medida busca “asegurar el sano desarrollo de la sociedad y preservar el orden natural”.

El discurso del Gobierno apela nuevamente a la supuesta protección de la infancia para justificar la violación de derechos fundamentales. La reforma afirma que el desarrollo físico, mental y moral de los menores “prevalece sobre cualquier otro derecho”, salvo el derecho a la vida.

Esta narrativa ha servido como pretexto para restringir manifestaciones del Orgullo y criminalizar la expresión de la identidad LGTBI, bajo la premisa de que podrían afectar la educación moral de los niños conforme a “la identidad constitucional y la cultura cristiana”.

Durante el gobierno de Donald Trump, la embajada estadounidense en Budapest fue un símbolo de apoyo a los derechos LGTBI. Su entonces embajador, David Pressman, abiertamente homosexual, asistía anualmente a las marchas del Orgullo. Hoy, con su salida, esa ventana de tolerancia se ha cerrado.

La respuesta debe venir, en primer lugar, de la sociedad húngara, pero también es momento de que la Unión Europea eleve el tono ante este tipo de agresiones. Las medidas actuales, como el bloqueo de más de 22.000 millones de euros en fondos europeos, no parecen suficientes ante la continuidad de este régimen autoritario.

Cada vez más ciudadanos europeos se preguntan por qué un país que incumple abiertamente los valores democráticos básicos sigue disfrutando de los beneficios de la UE sin asumir sus responsabilidades.

La medida, aprobada gracias a la mayoría de dos tercios de su bloque parlamentario, pone en entredicho el respeto a los derechos fundamentales dentro de un país miembro de la Unión Europea.

Entre los cambios más inquietantes está la posibilidad del Ejecutivo de prorrogar el estado de emergencia sin control parlamentario, vigente desde la invasión rusa a Ucrania en 2022. Además, se faculta al Legislativo para suspender la ciudadanía húngara a quienes tengan doble nacionalidad, salvo que cuenten con pasaporte de otro país de la UE.

Pero el centro de la reforma es aún más alarmante: se establece una definición constitucional del “sexo biológico” que impide cualquier tipo de reconocimiento legal para las personas trans. Según el texto, esta medida busca “asegurar el sano desarrollo de la sociedad y preservar el orden natural”.

El discurso del Gobierno apela nuevamente a la supuesta protección de la infancia para justificar la violación de derechos fundamentales. La reforma afirma que el desarrollo físico, mental y moral de los menores “prevalece sobre cualquier otro derecho”, salvo el derecho a la vida.

Esta narrativa ha servido como pretexto para restringir manifestaciones del Orgullo y criminalizar la expresión de la identidad LGTBI, bajo la premisa de que podrían afectar la educación moral de los niños conforme a “la identidad constitucional y la cultura cristiana”.

Durante el gobierno de Donald Trump, la embajada estadounidense en Budapest fue un símbolo de apoyo a los derechos LGTBI. Su entonces embajador, David Pressman, abiertamente homosexual, asistía anualmente a las marchas del Orgullo. Hoy, con su salida, esa ventana de tolerancia se ha cerrado.

La respuesta debe venir, en primer lugar, de la sociedad húngara, pero también es momento de que la Unión Europea eleve el tono ante este tipo de agresiones. Las medidas actuales, como el bloqueo de más de 22.000 millones de euros en fondos europeos, no parecen suficientes ante la continuidad de este régimen autoritario.

Cada vez más ciudadanos europeos se preguntan por qué un país que incumple abiertamente los valores democráticos básicos sigue disfrutando de los beneficios de la UE sin asumir sus responsabilidades.