Una nueva sacudida afecta a los medios públicos estadounidenses. Cerca de 600 contratistas vinculados a Voice of America (VOA), emisora internacional financiada por el gobierno federal, fueron notificados de la terminación de sus contratos este jueves 15 de mayo por parte de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales (USAGM), organismo que supervisa a la VOA.
La carta de despido establece que los contratos finalizarán el próximo 30 de mayo, sin ofrecer mayores justificaciones. “Su contrato ha sido rescindido por conveniencia”, reza el documento firmado por JR Hill, responsable de contrataciones de USAGM. El impacto humano no es menor: más de 50 de los trabajadores despedidos son titulares de visas J-1, utilizadas comúnmente por profesionales extranjeros, quienes podrían verse forzados a abandonar el país en el plazo de 30 días. Para algunos, retornar a sus países de origen podría implicar riesgos significativos, incluida la persecución por haber trabajado en medios estadounidenses.
En una carta enviada al personal, Michael Abramowitz, director de VOA, calificó la decisión como “desgarradora” y lamentó que la agencia no haya entregado ninguna explicación. “Seguiremos brindando apoyo, en especial a quienes se enfrentan a un posible retorno a entornos hostiles”, indicó.
Esta ola de despidos se suma a una serie de iniciativas impulsadas por el expresidente Trump desde su regreso al poder. En marzo, firmó una orden ejecutiva que busca desmantelar varias agencias gubernamentales, entre ellas la USAGM, “en la mayor medida posible conforme a la ley”. La ofensiva contra la VOA no es nueva. Desde su primer mandato, Trump ha acusado al medio de parcialidad y llegó a calificarlo como “La Voz de la América Radical”.
El nombramiento de la ex presentadora y aliada política Kari Lake al frente de USAGM intensificó las tensiones internas y externas en torno al rol de los medios públicos. La medida actual parece responder a una estrategia más amplia de remodelación ideológica de las instituciones informativas federales, en un momento particularmente sensible para el periodismo internacional financiado por el Estado estadounidense.