Con una mayoría ajustada de 49 a 47, la Plenaria hundió la consulta que el presidente Petro impulsaba para defender la reforma laboral. Lo hizo justo después de aprobar una apelación que resucita la reforma laboral que ellos mismos habían archivado en la Comisión Séptima.

Ese giro repentino muestra cómo la oposición puso a operar sus miembros del congreso como fichas de un tablero de cálculo político. Archivaron la reforma laboral en comisión, celebraron el archivo, y luego, para tumbar la consulta, la revivieron. Todo en cuestión de horas.

Desde el gobierno denunciaron fraude. El argumento es endeble: un senador de Cambio Radical, Edgar Díaz, hizo un gesto confuso con la mano cuando entró tarde al recinto y luego dijo que había votado “No”. El gobierno alega que fue “Sí”. Pero incluso si hubiera sido “Sí”, el resultado habría sido empate y, en cualquier caso, la consulta no habría pasado.

El fondo del asunto es que el gobierno no tenía los votos. Senadores que podrían haber ayudado, como Angélica Lozano y Richard Fuelantala, no lo hicieron. Y otros seis senadores de partidos tradicionales no votaron, probablemente para no quedar mal ni con el gobierno ni con la oposición. La senadora Martha Peralta, del Pacto, tampoco llegó a tiempo.

En esa falta de votos pesa la falta de gobernabilidad del gobierno Petro, pero también el oportunismo del Senado. Negó la consulta por razones supuestamente técnicas o jurídicas, pero ahora deberá debatir la reforma laboral en medio de cabildos, marchas y presión social.

La consulta tenía un problema estructural: necesitaba más de 13 millones de votos, una meta imposible en la actual coyuntura. Pero su efecto era político: permitía alinear a las bases petristas y lanzar una narrativa de campaña frente a un Congreso que ha sido el principal obstáculo de las reformas. Su uso era estratégico, y el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, lo reconoció.

Con el hundimiento de la consulta, ese plan queda fuera del juego. El presidente Petro, desde China, respondió con una narrativa de ruptura: denunció un fraude “como el del 19 de abril de 1970”, convocó cabildos populares en todos los municipios y dijo que obedecería al “pueblo”.

Pero los cabildos, aunque están contemplados en la ley, no tienen ningún poder legal real: no pueden producir normas, ni reformar leyes, ni mucho menos cambiar la Constitución. A lo sumo sirven para presionar o generar ruido.

El ministro Benedetti queda debilitado. Vendió la idea de la consulta como una jugada maestra, pero no logró amarrar los votos. Acumula dos derrotas: la laboral se archivó bajo su gestión, y la consulta murió en la plenaria que debía manejar.

Lo que queda es un Congreso que juega a dos bandas, un gobierno que le apuesta a la movilización popular, y una reforma laboral que vuelve al ruedo, pero con un clima de más tensiones y menos consensos. La consulta se hundió, pero la crisis política apenas se recalienta.