Antes del 20 de junio, cuando oficialmente concluye el período legislativo, están sobre la mesa varias reformas que, de avanzar, marcarán el pulso del gobierno Petro y redefinirán ejes centrales del Estado colombiano: salud, trabajo, justicia agraria e indígena.
La reforma a la salud, que resucitó tras haber sido archivada el año pasado, continúa estancada en su tercer debate en la Comisión Séptima. Por ahora, sigue en etapa de audiencias públicas que recorren diferentes regiones del país, en un intento del Gobierno por legitimar su propuesta con respaldo ciudadano antes de lanzarla al ruedo del Congreso.
El proyecto busca rediseñar el sistema de salud desde la raíz. Propone desmontar el rol financiero de las EPS —las grandes aseguradoras del sistema— y reconvertirlas en gestores farmacéuticos, centrados en la entrega de medicamentos. También se plantea la creación de Centros de Atención Primaria (CAPS) para fortalecer la promoción y prevención, particularmente en las zonas más alejadas.
Pero la reforma enfrenta resistencias no solo por parte de la oposición, sino también de sectores independientes que ven en ella una transformación ambiciosa, pero poco clara en su implementación.
Luego de ser archivada en la Comisión Séptima, la reforma laboral fue rescatada por la plenaria del Senado, que aprobó una apelación para trasladarla a la Comisión Cuarta. Si logra avances allí, podría llegar a un debate definitivo antes del cierre del período legislativo.
El proyecto toca puntos sensibles para el mundo del trabajo: remuneración completa de domingos y festivos, reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, y extensión de la licencia de paternidad a cuatro semanas. Además, introduce cambios en la jornada nocturna —que comenzaría desde las 6:00 p.m.— y establece nuevas licencias remuneradas para padres y trabajadores en situaciones familiares críticas.
La propuesta también busca impulsar la formalización laboral, especialmente de madres comunitarias, y crear un fondo de bonos pensionales para los campesinos. En esencia, es una reforma que busca equilibrar derechos laborales con condiciones de vida dignas, pero su paso por el Congreso ha sido más accidentado que fluido.
También está en espera la discusión de la Jurisdicción Agraria, una iniciativa que pretende crear un sistema judicial especializado para dirimir disputas sobre tierras, uso del suelo y conflictos ambientales o contractuales en zonas rurales.
La propuesta establece que estos litigios sean resueltos por jueces con formación en derecho agrario y con mecanismos alternativos de solución pacífica de conflictos. En un país donde las disputas por la tierra han sido históricamente el caldo de cultivo de la violencia, esta jurisdicción es vista por muchos como una pieza clave en la justicia rural.
Finalmente, el Senado tiene pendiente votar el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), una norma que busca coordinar los sistemas judiciales del Estado y de los pueblos indígenas bajo un enfoque pluralista.
Con 57 artículos, esta ley pretende cumplir con el mandato constitucional de 1991 que reconoce a los pueblos indígenas el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios. Si se aprueba, representaría un paso decisivo hacia la justicia intercultural y el respeto por la autonomía de las comunidades originarias.
Un Senado presionado por los tiempos y las tensiones políticas
Con menos de un mes en el calendario legislativo, el Senado se enfrenta a un escenario complejo: el desafío de procesar reformas de alto impacto en medio de divisiones internas, una opinión pública expectante y un gobierno que juega sus cartas más ambiciosas. Lo que ocurra en estas semanas podría definir no solo el rumbo de la administración Petro, sino también el equilibrio de poder en un país que aún discute cómo reformarse sin fracturarse.