La explotación no regulada del oro no solo genera graves impactos sociales y ambientales, sino que también modifica el equilibrio geopolítico en la región, reforzando estructuras paralelas de poder frente a una respuesta estatal fragmentada.

Un mercado de oro que desborda al Estado

El aumento sostenido del precio del oro en la última década ha incentivado una fiebre extractiva descontrolada. En ausencia de mecanismos efectivos de regulación y control, vastas zonas de países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Bolivia han sido absorbidas por economías informales donde el oro funciona como moneda, instrumento de blanqueo de capitales y fuente de financiamiento para actores armados no estatales. El resultado es una soberanía estatal cada vez más precaria en regiones estratégicas.

Según el Instituto Peruano de Economía, Perú aporta el 44 % del oro ilegal exportado en Sudamérica, seguido por Colombia (25 %) y Bolivia (12 %). El volumen del comercio no regulado es tal que supera, en algunos casos, el de las exportaciones legales, dificultando los esfuerzos regionales de trazabilidad y fiscalización. Estas cifras revelan no solo una brecha institucional, sino también una dependencia creciente de economías extractivas informales que se insertan en cadenas globales sin pasar por controles aduaneros ni tributarios.

El oro como eje del crimen transnacional

Foto: Policía Nacional del Ecuador.

La minería ilegal de oro no es una economía marginal. En Ecuador, se ha convertido en uno de los pilares financieros del crimen organizado. Grupos como Los Lobos, Los Choneros y disidencias de las FARC se disputan el control de zonas auríferas clave, lo que les permite financiar operaciones armadas, adquirir armamento y cooptar autoridades locales. Esta transformación convierte la lucha contra la minería ilegal en un asunto de seguridad nacional y de estabilidad regional.

La declaración de “conflicto armado interno” en Ecuador, acompañada de estados de excepción en provincias como Orellana y El Oro, demuestra la dimensión política del problema. El asesinato de alcaldes, como ocurrió en Camilo Ponce Enríquez y Portobelo, confirma que las organizaciones criminales no solo disputan recursos, sino también la legitimidad del poder institucional.

Amazonía: territorio en disputa

La minería ilegal de casiterita en el territorio indígena Tenharim do Igarapé Preto en el estado de Amazona, Brasil, fue documentada en 2018. Crédito: Vinícius Mendonça/Ibama, CC-BY-NC-2.0

La Amazonía se ha convertido en el principal escenario de esta reconfiguración del poder. En Brasil, redes como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) han desarrollado operaciones extractivas bajo la modalidad del narcogarimpo, utilizando la minería como mecanismo de lavado de activos y consolidación territorial. Un informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública identificó su presencia en 178 municipios amazónicos, lo que convierte al oro en un nuevo eje de conflicto posnarcotráfico.

La emergencia humanitaria entre los yanomamis en Roraima, con más de 300 muertes en 2024 por enfermedades y desnutrición asociadas a la minería ilegal, es también la expresión de un Estado ausente en regiones fronterizas clave.

Colombia: una economía paralela consolidada

Minería ilegal en el río Quito, Chocó© Jesús Olivares Verbel

En Colombia, el oro ilegal alimenta una economía subterránea gestionada por estructuras armadas como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Más del 70 % del oro de aluvión se extrae de manera ilícita, afectando unas 63.000 hectáreas. La renta generada permite mantener ejércitos irregulares, controlar rutas estratégicas y financiar actividades ilícitas como el narcotráfico. La investigadora Sara García, de Insight Crime, señala que estas economías “ya son estructuras estables que permeabilizan muchas instituciones”, lo que plantea un desafío para las capacidades coercitivas del Estado colombiano.

Chile: la excepción institucional

En contraste, Chile representa una excepción regional. Su capacidad para articular mecanismos de fiscalización y trazabilidad minera ha logrado contener la expansión de actividades ilegales. La política de incentivos a pequeños mineros, combinada con controles aduaneros eficientes, ha evitado que la economía aurífera sea capturada por actores informales. El modelo chileno demuestra que es posible compatibilizar la rentabilidad minera con la gobernanza, pero requiere voluntad política, transparencia institucional y coordinación regional, condiciones aún ausentes en buena parte del continente.

Hacia una respuesta regional coordinada

El auge de la minería ilegal revela un nuevo mapa del poder en Sudamérica, donde actores armados, empresas fachada y redes transnacionales de lavado de dinero operan con relativa impunidad en áreas ricas en recursos y pobres en presencia estatal. Frente a esta amenaza multidimensional, se requiere una respuesta coordinada en los niveles nacional e internacional: sanciones al comercio de oro sin trazabilidad, creación de corredores económicos alternativos en zonas afectadas, fortalecimiento de las instituciones ambientales y fiscales, y articulación con mecanismos multilaterales para reducir la demanda internacional de oro ilegal.

El desafío no es solo económico o ecológico. Es también una disputa por la soberanía, por el control del territorio y por la capacidad de los Estados sudamericanos para resistir una ola de criminalidad que, a través del oro, busca redefinir los equilibrios de poder en el continente.