La historia gira en torno a un contrato de más de 649 millones de pesos, adjudicado de manera directa a Edurbe, la empresa de desarrollo urbano de Bolívar, para hacer reparaciones en dos comedores comunitarios en los barrios La Candelaria y La Esperanza. La obra hacía parte del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES-PR), que busca garantizar alimentación a poblaciones vulnerables. En el papel, todo sonaba urgente y necesario.

El problema, según el ente de control, es que el contrato no solo fue entregado sin licitación, sino que tampoco hay documentos sólidos que justifiquen por qué Edurbe debía ser el ejecutor. Más grave aún: no se acreditó adecuadamente la experiencia ni la idoneidad de la empresa. ¿Resultado? Al menos uno de los comedores –el de La Esperanza– nunca entró en funcionamiento y hoy está abandonado. Un elefante blanco que pesa tanto como el silencio institucional que lo rodea.

Para la Personería, los hechos configuran una falta gravísima. Y aunque La Rota tendrá oportunidad de defenderse, el caso abre un nuevo frente de escrutinio sobre la gestión de Dau, que prometió ser la antítesis de la corrupción, pero terminó repitiendo viejas prácticas bajo nuevos rostros.

Este no es un caso aislado. Edurbe ha sido protagonista recurrente de contratos cuestionados en Cartagena. Desde hace años, su figura ha servido como vía rápida para adjudicar contratos sin pasar por procesos abiertos, en nombre de la urgencia o la eficiencia. El caso de los comedores no solo muestra el deterioro físico de una obra; revela una forma de gobernar donde el control interno es débil y la rendición de cuentas, todavía más.

Carlos La Rota, con especializaciones en derecho administrativo y laboral, venía de Colpensiones y la UGPP. Su llegada al gabinete de Dau fue leída como un intento de tecnificar una administración señalada de improvisar. Hoy, su caso muestra lo contrario: que ni la hoja de vida más pulida sirve de escudo cuando las decisiones se toman sin controles claros.

Este episodio también deja una pregunta de fondo: ¿qué tan efectivas son las herramientas disciplinarias en ciudades como Cartagena, donde las sanciones suelen llegar tarde y las consecuencias políticas se diluyen entre escándalo y escándalo año tras año?