Así lo reveló el periodista Daniel Coronell en una columna publicada este fin de semana, en la que documenta dos intentos del Gobierno de Gustavo Petro por forzar decisiones que rozan —o atraviesan— los límites legales.

El primer episodio ocurrió en el Congreso, el pasado 23 de abril. Buitrago fue abordada por la senadora Gloria Flórez, presidenta del partido oficialista Colombia Humana, quien la conminó, junto a otras personas, a autorizar la exportación de cloruro de calcio dihidratado a Cuba. El compuesto —aunque suene inocuo— es considerado un químico controlado por su posible uso en la producción de cocaína. Entre las personas que acompañaban a la senadora estaba Ailene Díaz, gerente de Tecnosuma, una empresa estatal cubana.

La ministra, con una trayectoria reconocida por su rigor jurídico, les recordó que no podía dar el visto bueno sin cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección de Sustancias Controladas, la Policía y el propio Ministerio. Sin embargo, el 7 de mayo, recibió un mensaje reenviado por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, atribuido a la senadora Isabel Zuleta, insistiendo en que la autorización se diera por razones “humanitarias”. Buitrago intentó comunicarse con Rodríguez, pero nunca obtuvo respuesta.

Una jugada desde la Oficina de Paz

El segundo episodio, aún más delicado, tuvo lugar el 13 de mayo. Al regresar de un viaje a Washington, la ministra encontró sobre su escritorio un documento que buscaba frenar la extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, un jefe del ELN vinculado al narcotráfico. El documento ya estaba redactado como concepto desfavorable, pero no provenía del Ministerio de Justicia. Lo elaboró María Paz Lara, politóloga de la Oficina del Comisionado de Paz, sin ninguna competencia formal para ello.

Alias “HH” ya tenía concepto favorable de la Corte Suprema para ser extraditado. Aunque ese dictamen no es vinculante, la Constitución es clara: la única autoridad con capacidad para frenar o permitir una extradición es el presidente de la República. Pese a la presión, Buitrago se negó a firmar el documento.

Una salida marcada por tensiones

Estos episodios revelan que la salida de Buitrago no fue simplemente “por diferencias en torno a la política de paz”, como afirmó el presidente Petro. Detrás de su renuncia se esconde un patrón de presiones y de intentos de intervención directa en decisiones técnicas y judiciales.

La exministra también ha denunciado injerencias del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la misma directora del Dapre para mover fichas al interior del sistema penitenciario, presionando traslados de presos, despidos y nombramientos.

Aunque el Gobierno ha intentado bajarle el tono al escándalo, la versión de Buitrago refuerza una narrativa que ha empezado a calar: la de un Ejecutivo que, en nombre de su proyecto de “paz total”, estaría dispuesto a cruzar líneas legales para proteger aliados, gestionar intereses diplomáticos o mover hilos en el tablero de las cárceles.

Con estas revelaciones, la renuncia de Buitrago ya no es solo una anécdota burocrática. Es un síntoma de las tensiones internas de un gobierno que predica el cambio, pero que empieza a enfrentar denuncias que lo acercan peligrosamente a prácticas del viejo poder que prometió erradicar.

¿Quién es alias “HH” y por qué su extradición genera controversia?

Gabriel Yepes Mejía, conocido en el mundo criminal como alias “HH”, no debe confundirse con el exjefe paramilitar del mismo alias que perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia. Este “HH” es señalado como uno de los comandantes visibles del frente Comuneros del Sur del ELN, una facción disidente que opera en el suroccidente del país y que ha sido vinculada tanto con el narcotráfico como con el contrabando de armas.

La solicitud de extradición proviene de Estados Unidos, donde Yepes Mejía es requerido por cargos de tráfico de drogas. En Colombia, ha sido un actor clave en la expansión del ELN hacia territorios estratégicos en Nariño y Cauca, regiones clave para el paso de cocaína hacia la frontera con Ecuador y la salida al Pacífico. Según informes de inteligencia, su estructura mantiene vínculos fluidos con carteles mexicanos, lo que ha agudizado las disputas armadas en la zona.

Lo que convierte este caso en una bomba política es que Yepes Mejía estaría, según fuentes del propio Gobierno, dispuesto a participar en los diálogos de paz entre el Estado y el ELN. En ese marco, su extradición representaría un obstáculo, pues podría ser interpretada como una señal de ruptura o de falta de garantías para los negociadores insurgentes.

De ahí la presión —según denunció Coronell— por frenar su salida del país con un concepto negativo del Ministerio de Justicia. Pero ese intento, además de carecer de legalidad, generó un choque directo con una ministra que venía exigiendo un manejo más técnico y menos político de la justicia transicional.

Este caso revive uno de los dilemas más complejos del proceso de paz con grupos armados: hasta qué punto puede el Gobierno negociar con líderes criminales sin pisar el terreno de la impunidad o del favorecimiento ilegal.