La gobernabilidad local en Colombia vive un nuevo revés. En menos de seis meses de mandato, la justicia ha dejado con un pie fuera del cargo a varios mandatarios regionales por cuenta de fallos relacionados principalmente con doble militancia. Gobernadores de Magdalena, San Andrés y Putumayo han sido apartados de sus funciones, mientras que los alcaldes de Bucaramanga y Tunja enfrentan decisiones en primera instancia que, de confirmarse, los sacarían del cargo.

Más allá del detalle jurídico, el fenómeno plantea interrogantes profundos sobre la sostenibilidad institucional en las regiones. La remoción de estos líderes no solo implica disrupciones en los planes de gobierno, sino también elevados costos económicos por la necesidad de convocar elecciones atípicas. Además, la falta de continuidad en políticas públicas agudiza la incertidumbre en territorios donde la confianza en lo público ya es frágil.

La doble militancia como causal recurrente

El motivo más frecuente detrás de las anulaciones es la doble militancia: apoyar a candidatos de otras colectividades distintas a la que respalda al propio aspirante. Aunque esta infracción está claramente tipificada, sigue siendo una piedra en el zapato del sistema político colombiano. Su aplicación refleja una tensión entre la disciplina partidaria y la flexibilidad política que muchos actores reclaman a nivel local. En lo que va del actual periodo, esta causal ha sido determinante en los fallos contra los gobernadores de Magdalena, Putumayo y San Andrés, así como en la sentencia de primera instancia contra el alcalde de Bucaramanga.

Implicaciones institucionales y presupuestales

La anulación de estos mandatos no solo genera un vacío de poder temporal —llenado por funcionarios encargados— sino que implica un desgaste institucional significativo. Las elecciones atípicas suponen un gasto adicional que impacta el presupuesto público. Y aunque las obras contratadas deben continuar, las líneas estratégicas de gobierno pueden alterarse o descartarse, generando discontinuidades que afectan a las comunidades.

El caso Magdalena: Fuerza Ciudadana en la mira

Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta y gobernador electo del Magdalena

El fallo contra Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta y gobernador electo del Magdalena, tiene implicaciones más allá del individuo. Representa un golpe político al movimiento Fuerza Ciudadana, que en la última década ha buscado consolidar un poder regional alternativo.

El fallo, que agita las aguas políticas del Caribe colombiano, se basa en una figura que ha ganado protagonismo en los últimos años: la doble militancia, en su modalidad más compleja y menos evidente, el “apoyo indebido”.

Según el alto tribunal, Martínez, quien representaba al movimiento Fuerza Ciudadana —fundado por el exgobernador Carlos Caicedo—, quebrantó la exigencia de fidelidad partidaria al respaldar públicamente a dos candidatas del Partido de la U durante un evento masivo el 21 de septiembre de 2023 en la Villa Olímpica. Un simple gesto político que, en términos legales, se tradujo en una falta grave.

El respaldo a María Charris y Miguelina Pacheco, según el fallo, no fue inocuo: al tratarse de aspirantes de una colectividad distinta a la que avaló a Martínez, el acto contravino la disciplina que debía a los candidatos propios de su movimiento, tanto al Concejo de Santa Marta como a la Asamblea del Magdalena.

Este caso pone sobre la mesa un debate crucial: ¿hasta qué punto puede interpretarse una declaración pública como una forma de militancia? ¿Puede una expresión de simpatía anular un mandato otorgado por votación popular?

Más allá del tecnicismo jurídico, la decisión desestabiliza nuevamente al Magdalena, una región marcada por pugnas políticas intensas y donde Fuerza Ciudadana ha intentado consolidar un proyecto de poder regional con vocación nacional. La salida de Martínez no solo afecta esa estrategia, sino que plantea el riesgo de que las reglas del juego democrático estén siendo usadas como armas entre adversarios, más que como garantías de equidad.

Lo que está en juego, una vez más, no es solo el cargo de un funcionario, sino la delgada línea entre la legalidad y la voluntad popular. En una democracia frágil, esa línea se vuelve cada vez más difícil de trazar.

Tunja y Bucaramanga: incertidumbre en capitales regionales

 Jaime Andrés Beltrán Martínez, alcalde electo de Bucaramanga

En Bucaramanga, el populismo de corte punitivo que llevó a Jaime Beltrán al poder queda en entredicho. Su apelativo de “Bukele criollo” contrasta con la fragilidad jurídica de su elección.

La promesa de una “mano dura” contra la delincuencia, que catapultó a Jaime Beltrán hasta la Alcaldía de Bucaramanga, podría quedar en un simple lema de campaña. El Tribunal Administrativo de Santander anuló su elección tras determinar que incurrió en doble militancia, una falta que sigue haciendo estragos en la estabilidad política local en todo el país.

Beltrán, quien durante su campaña fue apodado por sectores de la opinión como el “Bukele criollo” por su discurso de seguridad intransigente, habría apoyado a candidatos que no pertenecían a los partidos que lo avalaron formalmente: Colombia Justa Libres, el Partido de la U y el Movimiento Salvación Nacional. En el rompecabezas legal colombiano, ese tipo de respaldos cruzados —aunque comunes en la política práctica— están prohibidos por las normas que regulan la lealtad partidaria en el proceso electoral.

La demanda fue impulsada por cuatro ciudadanos, entre ellos el senador Edwing Díaz Plata, de Alianza Verde. El fallo no solo pone en riesgo el mandato de Beltrán, sino que también plantea interrogantes sobre la coherencia del sistema de avales y el cumplimiento de las reglas por parte de las coaliciones políticas. La doble militancia ha pasado de ser una figura marginal a convertirse en uno de los principales mecanismos para desmontar mandatos ya en ejercicio.

Más allá del caso particular, lo que está en juego es la credibilidad del proceso democrático en las regiones. ¿Puede un alcalde elegido con voto popular ser destituido meses después por fallas en los respaldos partidarios? La ley dice que sí. Pero la ciudadanía, que ve en sus mandatarios la representación de su voluntad directa, podría tener otra percepción.

Mientras se resuelve la apelación y se aclara el futuro político de Beltrán, Bucaramanga navega en una zona de incertidumbre institucional. La narrativa del orden y la autoridad que lo llevó al poder choca hoy con las rigideces del marco legal que él mismo prometió respetar. Una paradoja que refleja las tensiones entre la política del espectáculo y las reglas del Estado de derecho.

En el caso del alcalde de Tunja, el Tribunal Administrativo de Boyacá anuló la elección del alcalde Mikhail Krasnov. El motivo: una posible inhabilidad derivada de un contrato que firmó en 2022 con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, dentro del año previo a su candidatura, lo que va en contra de las normas de inhabilidad previstas para quienes aspiran a cargos públicos.

Mikhail Krasnov, alcalde electo de Tunja

Krasnov, un académico nacido en Rusia y nacionalizado colombiano, no se quedó de brazos cruzados y apeló la decisión ante el Consejo de Estado. Sin embargo, el caso ha escalado más allá del ámbito estrictamente electoral. En enero de este año, la Procuraduría abrió una investigación para verificar la legalidad de su proceso de naturalización, cuestionando si el mandatario cumplió todos los requisitos para obtener la nacionalidad colombiana. El Ministerio de Relaciones Exteriores fue requerido para certificar si Krasnov ha renunciado formalmente a su ciudadanía rusa.

Más allá de lo jurídico, el caso de Tunja plantea interrogantes sobre la fragilidad institucional en los municipios y la falta de rigor en el análisis previo de las candidaturas. Las inhabilidades no son un tecnicismo menor: buscan preservar la transparencia y la legalidad en el acceso al poder. En este caso, sin embargo, también se cruzan tensiones de tipo político y simbólico, pues Krasnov fue elegido en buena lid por los ciudadanos, con una agenda de transformación que ahora queda suspendida entre despachos judiciales y oficinas diplomáticas.

Mientras tanto, la administración local enfrenta un limbo que podría prolongarse meses, con consecuencias prácticas para la gobernabilidad y la continuidad de proyectos en ejecución. La pregunta que queda en el aire es si el sistema electoral y de control político colombiano está preparado para garantizar que las reglas del juego se apliquen antes, y no después, del voto ciudadano.

¿Una crisis de representación democrática?

Estas decisiones judiciales, aunque legítimas en términos de legalidad, han reabierto un viejo debate: ¿debe primar la sanción formalista incluso si va en contra del mandato popular? La figura de la revocatoria, con solo dos casos exitosos desde 1996, contrasta con la contundencia de los fallos judiciales. La tensión entre legalidad y legitimidad vuelve al centro del debate democrático colombiano.