Todo comenzó con una publicación del propio Milei en su cuenta de X (antes Twitter), donde invitaba a invertir en el activo digital $LIBRA. Pocas horas después, borró el mensaje. Para entonces, ya era tarde: inversionistas denunciaban pérdidas millonarias y se hablaba de un esquema de estafa tipo Ponzi. Desde entonces, los nombres de Milei, su hermana y empresarios como Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy comenzaron a entrelazarse en una trama opaca de relaciones políticas, favores y criptonegocios.
La fiscalía y la jueza buscan rastrear el patrimonio de los hermanos Milei, así como el de los empresarios implicados. Algunos de ellos tienen vínculos personales y laborales previos con el actual mandatario, como es el caso de Novelli. En paralelo, medios locales difundieron imágenes de familiares de Novelli retirando dinero en efectivo de cajas de seguridad, justo antes de que se hiciera pública la medida de inhibición de bienes.
El escándalo ha tenido repercusión internacional. Burwick Law, firma especializada en delitos con criptoactivos, ofreció representación legal a afectados en Estados Unidos. En Argentina, una comisión investigadora creada en el Congreso no ha podido avanzar debido a los bloqueos del oficialismo y sus aliados. Ministros clave como Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia) han evitado dar explicaciones en sede parlamentaria. El único en presentarse fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien sin embargo esquivó las preguntas más comprometedoras.
Dentro de Casa Rosada, Karina Milei, conocida como “El Jefe”, ha sido señalada como la pieza clave del esquema. Empresarios afirman haberla visitado allí, y uno confesó haberle pagado sobornos. La imagen de una Presidencia rodeada por un entorno familiar con acceso privilegiado a recursos del Estado es especialmente sensible en un país marcado por escándalos de corrupción en todos los sectores políticos. La reacción del presidente fue desviar la atención con ataques: llegó a declarar que “los argentinos no odian lo suficiente a los periodistas”.
Mientras el escándalo cripto sacude al oficialismo, la justicia también ha reactivado su ofensiva contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El procurador general, Eduardo Casal, pidió duplicar la pena de seis a doce años de prisión en su contra, por una condena de 2022 relacionada con obras públicas durante sus gobiernos. El pedido ocurre en medio de rumores sobre una posible candidatura suya al Congreso por la provincia de Buenos Aires.
Cristina Kirchner denuncia que la condena fue política y sin pruebas. Ha recusado a uno de los jueces de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, mientras el máximo tribunal evalúa si ratifica o no la sentencia. La decisión podría alterar los equilibrios electorales si se emite antes de octubre.
La elección en Buenos Aires —donde el presidente ha puesto en juego su imagen al postular como cabeza de lista a su portavoz, Manuel Adorni— también es una pulseada de poder entre el ultraliberalismo de Milei y el PRO de Mauricio Macri. Ambos se acusan de proteger a Cristina Kirchner, luego del fracaso de la ley “Ficha Limpia”, que habría impedido postularse a condenados por corrupción. La grieta dentro de la derecha argentina se ahonda mientras la ultraderecha intenta consolidarse como nueva fuerza hegemónica.
Karina Milei ha sido la estratega detrás de la campaña en la capital, en la que La Libertad Avanza busca desbancar a los aliados tradicionales del macrismo en uno de los distritos con mayor peso político y simbólico del país.
En simultáneo, un escándalo financiero, una condena judicial de alto perfil, una elección cargada de simbolismo y una justicia fuertemente politizada, ponen a la democracia argentina en tensión. El discurso antipolítico de Milei se enfrenta ahora a la posibilidad de convertirse en una nueva versión del “viejo poder”: uno que promociona inversiones dudosas, resiste el control institucional y reacciona con virulencia a las críticas.
Argentina vive hoy una tormenta perfecta. Las urnas hablarán pronto. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿podrá el país romper el ciclo de corrupción, impunidad y populismo que ha marcado su historia reciente, o está entrando en una nueva vuelta del mismo espiral?