Desde Shanghái, y tras una reunión con Dilma Rousseff, presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) y exmandataria de Brasil, el presidente Gustavo Petro radicó formalmente la solicitud de Colombia para convertirse en socio prestatario de esta entidad financiera creada por el bloque de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

La apuesta, según explicó el Gobierno, es acceder a préstamos con condiciones más favorables —tasas de interés bajas y menos exigencias— para financiar obras de infraestructura, proyectos de salud y desarrollo de energías limpias. Una alternativa directa a los organismos multilaterales tradicionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

¿Cuánto está dispuesta a poner Colombia?

El ministro de Hacienda, Ricardo Ávila, detalló que el país está dispuesto a suscribir 5.125 acciones del capital autorizado del banco, de las cuales 4.100 serían exigibles (como garantía en caso de incumplimiento) y 1.025 serían pagadas en efectivo.

En términos prácticos, esto implica una inyección financiera importante y una señal clara de compromiso con el banco creado por los Brics. Rousseff, por su parte, enfatizó que el NDB busca ofrecer apoyo “sin vetos ni condicionalidades, respetando la soberanía de cada país”.

Una jugada en el tablero geopolítico

El anuncio ocurre pocas semanas después de que Colombia se adhiriera formalmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, en un movimiento que ha tensado la relación con Estados Unidos, el aliado histórico más cercano de Bogotá. Aunque el Gobierno colombiano insiste en que no se trata de un giro ideológico, sino de diversificación pragmática, Washington observa con recelo.

“Nos endeudamos principalmente en infraestructura, como hizo Perú con el Puerto de Chancay”, agregó Toro, en alusión al proyecto portuario financiado por China en el país vecino.

El riesgo de la trampa de la deuda

Pero no todo son ventajas. Expertos advierten que el entusiasmo por los créditos chinos debe estar matizado por una evaluación rigurosa de los riesgos. Casos como el de Sri Lanka, que perdió el control de un puerto clave tras no poder pagar su deuda, o el de Venezuela, que acumuló compromisos por más de 60 mil millones de dólares con poca transparencia, son precedentes preocupantes.

En América Latina, también hay controversia con empresas chinas que han tenido disputas legales por incumplimientos, baja contratación local y costos ocultos. En el caso de Perú, la empresa Cosco Shipping enfrenta críticas por la falta de claridad en la operación del puerto de Chancay.

“La falta de transparencia y el escaso control estatal en estos acuerdos pueden generar dependencia a largo plazo”, advierte un informe reciente del Wilson Center.