La iniciativa, que deberá ser debatida en la Plenaria del Senado a comienzos de junio, llega al último tramo de su trámite con una mezcla de ambición histórica y concesiones políticas. Marca el intento más serio en más de dos décadas por revertir la flexibilización laboral aprobada durante el gobierno de Álvaro Uribe, y al mismo tiempo, por regular fenómenos contemporáneos como el trabajo en plataformas digitales.

Detrás del articulado técnico subyace una tensión más profunda: ¿debe Colombia continuar apostando por un modelo que prioriza la flexibilidad empresarial, o es hora de reivindicar la estabilidad y los derechos colectivos de los trabajadores?

Un péndulo entre el pasado y el futuro

La reforma propone un ajuste en la jornada laboral diurna, moviendo el umbral del recargo nocturno de las 9 p.m. a las 7 p.m., un gesto simbólico que busca revertir decisiones que en el pasado ampliaron las horas que se pagan como jornada ordinaria. Igualmente, el recargo dominical pasará de 75 % a 100 %, aunque de manera gradual hasta 2027, en lo que el gobierno considera un acto de justicia redistributiva.

Otra apuesta clave es el intento —fallido en esta ronda— de transformar el contrato de aprendizaje del Sena en una relación laboral con derechos plenos. Aunque el Congreso conservó la figura tradicional, accedió a aumentar los pagos y afiliar a los aprendices a riesgos laborales. El mensaje es claro: hay disposición a modernizar, pero no a desmantelar de golpe.

El proyecto también busca recortar el uso de contratos a término fijo, limitar la tercerización y regular el trabajo en aplicaciones, sectores donde la informalidad y la precarización son moneda corriente. La regulación de plataformas digitales, por ejemplo, fue el fruto de una negociación compleja entre el gobierno y Alianza In —el gremio de aplicaciones encabezado por el excongresista José Daniel López— que dejó en manos de las empresas la decisión sobre la vinculación laboral.

Una reforma atravesada por lo político

Aunque el proyecto es promovido por el gobierno, su aprobación no ha sido sin resistencias. La permanencia del contrato sindical —una figura que Petro buscaba eliminar por considerarla instrumento de precarización, especialmente en salud— fue defendida en nombre de la libertad sindical. Es una victoria simbólica del centro político, que muestra su capacidad para inclinar la balanza en un Congreso fragmentado.

Además, las licencias laborales propuestas —como permisos por citas médicas o por ciclos menstruales incapacitantes— no superaron el último filtro, lo que revela una línea divisoria entre las aspiraciones sociales del progresismo y los límites normativos que aún impone el Legislativo.

¿Reforma viable o carta de intenciones?

Más allá del contenido técnico, lo que está en juego es una disputa ideológica sobre el rol del Estado en la protección del trabajo. El intento de formalizar a madres comunitarias y manipuladores del PAE, por ejemplo, solo avanzará si el Ejecutivo presenta un aval fiscal. La reforma, entonces, queda atada no solo al Congreso, sino a la disciplina fiscal de Hacienda.

En el fondo, el gobierno juega su credibilidad. La reforma laboral es parte del núcleo de su promesa transformadora, y su suerte será leída como una señal del margen que tiene Petro para dejar huella. Con el reloj legislativo corriendo y una nueva consulta popular sobre la mesa, la reforma no solo redibuja el mundo del trabajo: mide la fuerza real del proyecto de cambio.

¿Qué pasó y qué no?

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Armando Benedetti (@armandobenedetti)

Jornada laboral y recargos

Contexto: La reducción de la jornada diurna y el anticipo del recargo nocturno son un símbolo del intento del gobierno de revertir los cambios de la reforma laboral de Álvaro Uribe en 2002, que había ampliado la jornada ordinaria y abaratado el trabajo nocturno y dominical.

Lectura política: Aunque el gobierno aspiraba a que el recargo nocturno comenzara a las 6 pm, lo aprobado desde las 7 pm refleja una negociación entre el ala más sindicalista del proyecto y el bloque político más moderado que teme afectar al sector empresarial.

Tensión de fondo: Hay un pulso entre el discurso de “restauración de derechos” y la necesidad de gradualismo para no generar resistencia empresarial. La aplicación escalonada de los recargos dominicales y festivos es otra muestra de ese equilibrio forzado.

Contratación sindical y tercerización

Contexto: El contrato sindical, muy usado en el sector salud, ha sido duramente criticado por ser una forma legalizada de tercerización. El gobierno intentó eliminarlo, pero el Senado decidió mantenerlo.

Lectura política: El argumento de la Comisión Cuarta —basado en libertad de asociación y convenios internacionales— encubre la presión de sindicatos tradicionales y empleadores del sector salud.

Conclusión: El revés es significativo. Revela cómo incluso reformas “protrabajador” pueden enfrentar resistencia desde sectores sindicales si afectan estructuras heredadas de poder y negociación colectiva.

Nuevos permisos laborales

Contexto: El proyecto inicial buscaba una expansión amplia de licencias laborales, incluyendo por temas de salud, citas médicas y asuntos familiares. El texto aprobado elimina varias de estas, aunque mantiene otras más innovadoras como el “día de la bicicleta”.

Lectura política: Aquí hay una señal de realismo fiscal. La supresión de licencias médicas menstruales o por urgencias responde a preocupaciones de carga para las empresas y posibilidades de abuso.

Innovación destacable: El reconocimiento del uso de la bicicleta como medio de transporte muestra una sensibilidad hacia cambios culturales y ambientales, alineados con discursos progresistas urbanos.

Licencia de paternidad

Contexto: La propuesta de ampliación gradual fue rechazada. La licencia se mantiene en dos semanas.

Lectura política: Esto refleja un rezago en políticas de corresponsabilidad de género y cuidados. Los sectores más conservadores en el Congreso siguen considerando que ampliar la licencia para los padres representa una “carga” innecesaria.

Conclusión: Aunque simbólicamente menor, este punto muestra los límites ideológicos de la reforma.

Trabajo en plataformas digitales

Contexto: Se aprobó una regulación con dos tipos de trabajadores —dependientes y autónomos— con aportes parciales a seguridad social y cobertura de riesgos laborales.

Lectura política: Este es uno de los grandes logros del gobierno, aunque en una versión moderada. El consenso con Alianza In demuestra que el Ejecutivo está dispuesto a pactar con el sector privado para avanzar.

Curiosidad política: El papel de José Daniel López, exrepresentante de Cambio Radical, hoy como lobbista de las plataformas, muestra la movilidad política entre lo público y lo corporativo, y cómo la regulación digital es campo de nuevos equilibrios.

Formalización de madres comunitarias y del PAE

Contexto: Se avanza en la formalización de un sector altamente feminizado y precarizado, pero condicionado al aval fiscal.

Lectura política: El proyecto se aprueba en espíritu, pero queda congelado en la práctica a la espera de que el Ministerio de Hacienda diga cómo se va a financiar. Es una promesa política sin presupuesto aún.

Fondo estructural: El tema conecta con el debate sobre el cuidado como trabajo, y cómo el Estado colombiano sigue dependiendo de figuras laborales informales o semi-formales para operar programas sociales esenciales.

Conclusión general

La reforma laboral que avanza al último debate es una versión atenuada de la propuesta inicial del gobierno Petro. Conserva algunos elementos de recuperación de derechos laborales, pero también refleja la fuerza de los contrapesos institucionales, la influencia del empresariado y el papel moderador del Senado.

El texto aprobado combina restauración de derechos (recargos nocturnos y dominicales), reconocimiento de nuevas realidades laborales (trabajo en plataformas), pero también mantiene figuras tradicionales de precarización (contrato sindical) y evita compromisos fiscales inmediatos (licencias y formalización de cuidadoras).

La reforma, si se convierte en ley, será menos una “revolución laboral” y más un ajuste progresivo del modelo vigente.