La actividad, liderada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Bolívar, es la expresión local de una estrategia nacional: presionar desde las bases para mantener vivas reformas que naufragan una a una en el Congreso.

El hundimiento de la consulta el pasado 14 de mayo —con 49 votos en contra y 47 a favor— fue un golpe político que el Gobierno no deja pasar por alto. Aunque la consulta no era vinculante, su rechazo en el Capitolio dejó claro que el respaldo legislativo al proyecto de país de Petro se encuentra hoy en cuidados intensivos. Y el presidente ha respondido a su manera: agitando la movilización social.

El cabildo del domingo será una demostración de fuerza simbólica. El sindicalismo cartagenero, junto con movimientos de mujeres, comunidades afro e indígenas, planea construir un pliego ciudadano que exija la aprobación no solo de la reforma laboral, sino también de las reformas en salud, educación y acceso a tierras. Es un intento de reactivar la legitimidad social del proyecto del “cambio”, apelando a una figura consagrada por la ley: el cabildo abierto como espacio deliberativo entre ciudadanía e instituciones.

En un país donde la institucionalidad vive en tensión con la movilización callejera, la escena del cabildo en Cartagena sugiere que el pulso entre Petro y el Congreso continuará jugándose en múltiples frentes: uno de ellos, el de la legitimidad popular.

Entre la calle y el Congreso

Petro en la Plaza de Bolívar el 1 de mayo. Por Andrea Puentes.

El llamado de Gustavo Petro a realizar cabildos populares no es nuevo en su repertorio político. Desde su llegada al poder, el presidente ha recurrido reiteradamente a la movilización social como herramienta de presión frente a un Congreso que le ha sido adverso en múltiples frentes. Pero lo que está ocurriendo después del hundimiento de la consulta popular del 1 de mayo marca una nueva fase de tensión institucional.

La consulta era, más que un mecanismo legal, un símbolo: una forma de mostrar respaldo ciudadano a las reformas bandera del gobierno, en especial la laboral. Su archivo en el Senado, con una votación dividida y salpicada de denuncias de irregularidades, terminó de confirmar lo que ya era evidente: el Gobierno no tiene mayorías sólidas ni interlocutores estables en el Legislativo.

En ese contexto, Petro ha optado por reforzar su vínculo con la calle. El llamado a cabildos populares, respaldado por centrales obreras y sectores de base del Pacto Histórico, busca reconstruir legitimidad social, capitalizar la indignación por el bloqueo legislativo y generar presión desde abajo.

Pero esta estrategia no está exenta de riesgos. Por un lado, puede fortalecer el relato oficialista de que el Congreso le está cerrando las puertas a los cambios. Por otro, podría profundizar la polarización política y desgastar aún más el escaso margen de gobernabilidad con el que aún cuenta el Ejecutivo.

En el fondo, la apuesta de Petro parece moverse en dos planos paralelos: mientras sus reformas naufragan en el Congreso, busca mantener viva su narrativa de transformación desde las calles, con una ciudadanía activa que, en teoría, pueda reequilibrar la balanza institucional. La pregunta es si esa movilización será sostenida en el tiempo y si podrá convertirse en un factor real de presión política o solo en una herramienta simbólica para resistir la parálisis legislativa.