La Fiscalía la señala por presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por omisiones en sus declaraciones de bienes, y por su papel en la represión estatal tras la caída de Pedro Castillo. El futuro inmediato de la jefa de Estado depende del Tribunal Constitucional, órgano que en Perú ha demostrado ser tan político como jurídico.

Aunque Boluarte fue autorizada por el Congreso para asistir a la entronización del nuevo papa León XIV —a quien el Gobierno reconoce como un ciudadano peruano más, por su pasado pastoral en el país—, su situación en el plano terrenal dista mucho de ser ceremonial. Su aprobación pública ronda apenas el 5 %, y las acusaciones en su contra no hacen más que agravar su ya frágil gobernabilidad.

Una de las denuncias más graves tiene que ver con el supuesto uso excesivo de la fuerza durante las protestas de inicios de 2023. La Fiscalía imputa responsabilidad directa a Boluarte por la represión que dejó más de 50 muertos y cientos de heridos en regiones como Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Ucayali y Lima. La acusación se extiende a altos exfuncionarios de su gobierno, entre ellos exministros del Interior y Defensa, así como a Pedro Angulo y Alberto Otárola, antiguos presidentes del Consejo de Ministros. La intervención de la policía y el ejército fue duramente cuestionada por organismos internacionales como la Corte IDH y Amnistía Internacional.

Las investigaciones también apuntan a la omisión de bienes en las declaraciones juradas de Boluarte entre 2021 y 2023, entre ellos joyas valoradas en más de 160 mil dólares y dos relojes Rolex. Para que alguna de estas investigaciones avance, el Tribunal Constitucional debe habilitar el proceso, dado que la Constitución peruana restringe las acusaciones contra un mandatario en funciones a un número muy limitado de delitos.

Una gobernabilidad hipotecada

Dina Boluarte llegó a la presidencia en diciembre de 2022 tras el intento fallido de golpe de Estado de Pedro Castillo. Desde entonces, ha gobernado sin un bloque parlamentario propio, y su sostenibilidad ha dependido de alianzas circunstanciales. En un Congreso habituado a destituir presidentes —como ocurrió con Castillo y antes con Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski—, su margen de maniobra ha sido escaso.

Ante ese escenario, Boluarte viró hacia la derecha y consolidó una alianza con el fujimorismo. El Tribunal Constitucional, el mismo que anuló en abril el juicio por corrupción contra Keiko Fujimori, también avaló en su momento el indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. Hoy, Keiko ejerce un poder informal pero determinante sobre el Ejecutivo. Su influencia se refleja en el nombramiento del actual primer ministro, Eduardo Arana, un fujimorista con vínculos en tramas judiciales como la de los “cuellos blancos”, donde también figura el exjuez supremo César Hinostroza.

El gobierno anterior, encabezado por Gustavo Adrianzén, cayó por la presión del Congreso ante su incapacidad para contener la creciente inseguridad. La inestabilidad del gabinete es apenas una muestra de un problema estructural: la fragilidad presidencial como constante en el Perú del siglo XXI.

La constante de la crisis

Desde 2000, ningún presidente peruano ha salido indemne del poder. Alejandro Toledo y Ollanta Humala enfrentan procesos por corrupción. Alan García se suicidó antes de ser detenido. Pedro Castillo fue destituido tras intentar disolver el Congreso. En ese contexto, Boluarte ha logrado mantenerse a flote en medio de una tormenta política y judicial, pero su margen de maniobra se reduce cada vez más.

Los analistas coinciden en que el desenlace no será solo jurídico, sino esencialmente político. El Tribunal Constitucional decidirá si se da luz verde a las investigaciones, pero detrás de cada decisión judicial late una negociación parlamentaria. En Perú, la justicia —como el poder— también se negocia.