La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular para respaldar sus reformas sociales fue rechazada en el Senado con 54 votos en contra y 30 a favor. Entre los votos negativos, sobresale la decisión de cuatro de los cinco senadores del departamento de Bolívar, quienes se alinearon con los sectores de oposición o de centro que cuestionan el intento del Gobierno de recurrir a mecanismos plebiscitarios para sortear las trabas legislativas.

Votaron en contra de la consulta:

• Nadia Blel (Partido Conservador): una de las voces más consistentes del conservatismo costeño, históricamente distanciada del proyecto petrista.
• Jorge Benedetti (Cambio Radical): ha sido crítico de las reformas del Gobierno desde sus inicios y cercano a la bancada que impulsa la “resistencia institucional” al Ejecutivo.
• Lidio García (Partido Liberal): expresidente del Senado y figura clave del liberalismo costeño, ha oscilado entre el apoyo y la crítica al Gobierno, pero en esta ocasión se sumó al bloque opositor.
• Enrique Cabrales (Centro Democrático): perteneciente al uribismo, su voto negativo era previsible, en consonancia con la postura de su bancada.

Solo un senador de Bolívar votó a favor de la consulta:

• Antonio Correa (Partido de La U): pese a la posición ambigua de su partido frente al Gobierno, Correa se alineó con el oficialismo, posiblemente en sintonía con su cercanía a proyectos sociales y de salud que ha defendido en el pasado.

Un termómetro político de Bolívar

La votación evidencia un distanciamiento entre el Gobierno y gran parte de la representación parlamentaria de Bolívar, a pesar de que Petro obtuvo una importante votación en el departamento durante las elecciones de 2022. El mensaje desde el Senado es claro: incluso en regiones donde el petrismo cuenta con apoyo popular, los congresistas no necesariamente siguen esa línea.

El caso de Lidio García es especialmente llamativo: aunque ha tenido un rol de puente entre el Gobierno y el liberalismo, su voto negativo sugiere una toma de distancia frente a una iniciativa apoyada por centenares de miles de agremiaciones y trabajadores.

¿Y ahora qué?

Tras el hundimiento de la consulta popular, el Gobierno está obligado a reinventar su estrategia ya que aunque cuenta con “mandato popular” sigue enfrentando grandes dificultades para avanzar en su agenda legislativa. En Bolívar, como en otras regiones, la representación parlamentaria parece más sensible al juego político tradicional que al impulso reformista del presidente.

¿Puede el Gobierno recuperar terreno?

El voto afirmativo de Antonio Correa, aunque solitario, muestra que el petrismo aún conserva algún nivel de interlocución con actores políticos del Caribe. Sin embargo, para que este gesto tenga efectos electorales, el Gobierno necesitaría pasar de la narrativa a los hechos: es decir, materializar proyectos sociales y de infraestructura en Bolívar que le permitan volver a conectar con su base popular y disputarle espacios a las maquinarias.

La agenda del Gobierno en Cartagena —donde ha prometido obras y ha sido especialmente crítico con la élite política local— podría ser una oportunidad. Pero si no hay resultados tangibles inmediatos es probable que esa puerta también se cierre.

¿Qué esperar en 2026?

• En Cartagena, el petrismo aún puede ser competitivo, especialmente si se presenta con un candidato outsider, carismático y con discurso anticorrupción.
• En los municipios del norte y sur de Bolívar, donde predominan las maquinarias, el peso de los partidos tradicionales seguirá siendo determinante, y el voto de los senadores puede leerse como alineamiento con esas estructuras.
• En la Gobernación, la elección dependerá de si se presenta un candidato único por el bloque tradicional o si se fragmentan los apoyos, abriendo espacio a una figura más cercana al petrismo o a movimientos alternativos.

Bolívar y Cartagena entrarán a la campaña de 2026 como territorios abiertos, donde los votos no están amarrados, pero donde las estructuras tradicionales siguen teniendo ventaja. El petrismo tiene electores, pero no operadores. Las maquinarias tienen operadores, pero cada vez menos legitimidad. Y entre ambos polos puede surgir una nueva ola ciudadana capaz de inclinar la balanza.

Especial para El Objetivo por: Humberto Orozco Cera