Una jueza federal solicitó el levantamiento del secreto bancario del presidente Javier Milei y su influyente hermana Karina, en el marco de una investigación por presunta estafa ligada al criptoactivo $LIBRA. El llamado “criptogate”, como ha sido apodado, involucra un esquema de promoción engañosa de un activo digital que habría defraudado a miles de personas por más de 100 millones de dólares.

La causa, que parecía haber quedado enterrada tras la reacción inicial del mandatario —que incluyó la eliminación de publicaciones promocionales y un enérgico distanciamiento— vuelve a tomar fuerza. La jueza María Servini, en coordinación con el fiscal Eduardo Taiano, quiere rastrear la evolución patrimonial de los Milei y su entorno más cercano. Las conexiones con empresarios cripto, tanto locales como extranjeros, se han vuelto objeto de un escrutinio más detallado. Y mientras la justicia pide explicaciones, las imágenes de familiares de uno de los acusados retirando dinero en efectivo de una caja de seguridad bancaria agregan tensión al caso.

Karina Milei, conocida en la política como “El Jefe” por su influencia central en el círculo presidencial, ha sido señalada por presuntamente recibir en la Casa Rosada a algunos de los empresarios involucrados. Uno de ellos incluso declaró haber pagado sobornos. Estas acusaciones no solo comprometen la integridad institucional del Gobierno, sino que ponen en entredicho el discurso anticorrupción con el que Javier Milei ascendió al poder.

Mientras tanto, la oposición enfrenta sus propias turbulencias. El fiscal general Eduardo Casal ha solicitado duplicar la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en 2022 a seis años de prisión por irregularidades en la obra pública. La Corte Suprema debe decidir si ratifica la condena, justo cuando crece el rumor de una eventual candidatura suya al Congreso en octubre. En este contexto, resurgen viejas tensiones entre Milei y Mauricio Macri, con acusaciones cruzadas sobre intentos de proteger a Fernández en el Senado, tras el fracaso de la ley Ficha Limpia.

Con una justicia que parece avanzar a ritmo electoral y una campaña marcada por escándalos cruzados, Argentina entra en una fase crítica. El “criptogate” pone a prueba la promesa de transparencia del Gobierno libertario, mientras el kirchnerismo intenta defender sus espacios en medio de embates judiciales que muchos califican de oportunistas. El escenario es volátil, y lo que está en juego no es solo la elección en la capital, sino la legitimidad misma de las principales fuerzas políticas del país.